Reflexiones Sobre la Crisis Financiera Mundial

La crisis financiera internacional recién cumplió cinco años, y se ha convertido en prueba evidente de que las crisis bancarias no son, después de todo, exclusivas de los países subdesarrollados

La crisis financiera internacional cumplió ya cinco años. Entre julio de 2007 (cuando el banco Bear Sterns cesó el pago de algunos fondos a su cargo) y septiembre de 2008 (cuando quebró el primer gran banco, Lehman Brothers) se puede fechar el inicio de la gran crisis cuyas consecuencias aún están afectando el funcionamiento de la economía mundial.

Las características y duración de la crisis de 2007-2008 puso en evidencia que uno de los mayores retos para la teoría y la política económica es el de entender y prevenir las crisis financieras. También evidenció que las economías de mercado, por muy desarrolladas que estén, son susceptibles de colapsar financieramente. Las crisis bancarias no son, después de todo, exclusivas de los países subdesarrollados

Las crisis financieras ocurren cuando el público acreedor de los bancos –es decir, los depositantes, los poseedores de certificados o bonos bancarios, u otras entidades financieras que le han dado préstamos a los bancos- “huyen” de esos activos financieros y exigen a los bancos que se los cambien por dinero en efectivo, que estos no poseen en la suficiente cuantía. Lo bueno es que tales crisis –de confianza- son sumamente esporádicas, pues deben ser “sistémicas”, es decir, extendidas a todo el sistema bancario.

Lo malo es que es la propia naturaleza de los bancos la que los hace propensos a perder la confianza del público: el “descalce” de plazos que existe entre lo que los bancos le deben al público (que suelen ser activos de corto plazo, como los depósitos monetarios) y lo que el público le debe a los bancos (que suelen ser activos de largo plazo, como los préstamos hipotecarios), los hace vulnerables a eventuales crisis de confianza. 

La gran crisis del último quinquenio confirmó varios aspectos que caracterizan estos fenómenos, pero también develó que existen muchos aspectos que deben clarificarse para comprender qué sucedió. Se confirmó que las crisis financieras ocurren en todas las economías de mercado, ricas o pobres; también se confirmó que, aunque las economías pueden experimentar largos periodos sin crisis, eventualmente serán afectadas por una.

Se confirmó que las crisis financieras son repentinas, inesperadas y siempre se originan en el descalce de plazos que caracteriza a los bancos, aunque en la reciente crisis mundial el epicentro se encontró en los nuevos tipos de deuda bancaria (los reportos y los derivativos). En todo caso, se confirmó también que las crisis están precedidas típicamente de una expansión rápida del crédito al sector privado y que, asociado a ello, suelen ocurrir cuando el ciclo económico marca su mayor apogeo, o sea, cuando las cosas marchan tan bien que las defensas están bajas. Y también se confirmó que las crisis son costosas y que la recuperación puede tomar demasiado tiempo.

Por desgracia, la reciente gran crisis financiera ha dejado muchas dudas por responder: no sabemos cómo funciona la dinámica de las crisis, ni por qué los agentes económicos pierden repentinamente la confianza en la calidad de la deuda de los bancos, ni sabemos cómo las intervenciones del gobierno afectan las expectativas de los agentes económicos. Tampoco sabemos qué políticas son más eficaces para prevenir las crisis, sin reprimir el sistema bancario, ni sabemos cuáles sistemas regulatorios han sido más exitosos para mitigar la ocurrencia de las crisis.

Mientras tales dudas se disipan, las instituciones involucradas deben tomar nota de las características típicas de las crisis financieras y estar alertas para actuar en consonancia. Para empezar, deben vigilar la evolución del crédito bancario y desalentar la existencia de “booms” de crédito que llevan consigo el germen de las crisis.

Los supervisores financieros deberán seguir de cerca las innovaciones en los servicios y productos bancarios, pero no deberían pretender ir detrás de dichas innovaciones mediante regulaciones cada vez más complejas; más bien deben simplificar las regulaciones –ir a lo esencial- para poder aplicarlas con rigor y eficacia. Los bancos son entidades especiales, necesarias para el funcionamiento de la economía de mercado, que están sujetos al sentimiento de confianza del público y que requieren de regulación, pero ésta debe ser equilibrada y permitirles operar con eficiencia.

¿Por Qué Fracasan las Naciones?

La prosperidad se genera mediante la inversión y la innovación, pero éstas sólo se producen si existen los incentivos adecuados

En la columna anterior, relativa al Movimiento por una Economía Positiva que fue lanzado en Le Havre, Francia, comenté que cualquier nuevo enfoque que busque una mayor sostenibilidad social, política y ambiental de la economía solo podrá realizarse sobre la base de instituciones viables. La ponencia en dicho foro del profesor John Tirman, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales del Massachusetts Institue of Tehchnology –MIT-, puntualizó que, para superar la pobreza, un país debe contar con instituciones robustas, funcionales e incluyentes.

La conclusión de Tirman se basa en un reciente libro sobre las causas del fracaso de los estados –Why Nations Fail-, escrito por Daron Acemoglu (de MIT) y James Robinson (de Harvard). Según estos autores, el fracaso de las naciones no radica en la escasez de capital (como los académicos sostenían en los años sesenta), ni en la aplicación de políticas económicas erróneas (como se creía en los años ochenta); tampoco se explica por la cultura, el clima, o la geografía.

Son las instituciones las que determinan el destino de las naciones. Según Acemoglu y Robinson, el éxito llega cuando las instituciones políticas y económicas son incluyentes y pluralistas, creando así incentivos para que los ciudadanos inviertan en el futuro. En contraste, las naciones fallan cuando las instituciones son "extractivas", utilizadas por el poder político para favorecer sólo una pequeña élite que saca provecho económico para sí.

Estos expertos recalcan que las instituciones políticas son tan importantes o más que las instituciones económicas; apoyan su tesis con evidencia histórica, desde el auge y caída de Venecia, pasando por la colonización de América, hasta la reciente exitosa evolución de Botswana. En todos los casos, las instituciones políticas incluyentes produjeron una amplia distribución del poder político, así como límites de dicho poder en forma de elecciones democráticas y constituciones escritas. Por su parte, las instituciones económicas exitosas abarcan los derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos, la facilidad de iniciar nuevas empresas, mercados competitivos y la libertad de los ciudadanos para elegir su actividad productiva.

Su argumento es que la prosperidad, en el mundo actual, descansa sobre bases políticas. Económicamente, la prosperidad se genera mediante la inversión y la innovación, pero éstas sólo se producen si existen los incentivos adecuados: los inversionistas y los innovadores deben confiar en que, si tienen éxito, no van a ser expoliados por los poderosos. Políticamente, pues, requieren de un sistema de gobierno que reúna dos condiciones: un poder político centralizado, e instituciones de poder incluyentes.

Sin un poder centralizado habrá desorden, que es anatema para la inversión. El que se necesite un Estado fuerte (no necesariamente grande) para prosperar, no es un tema controversial. Pero que se necesiten instituciones incluyentes es algo más polémico, en vista del éxito reciente de la anti-democrática China. Acemoglu y Robinson argumentan que, aunque el orden puede acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza, la ausencia de instituciones incluyentes impedirá el pleno ascenso a la prosperidad moderna. Su explicación es que dicha ausencia empodera a una pequeña élite política para centrarse en satisfacer sus propios intereses, creando "instituciones extractivas" que chocan con, y prevalecen sobre, los de las mayorías.

Los Estados extractivos están atrapados en el círculo vicioso de la cleptocracia, la supresión de la innovación tecnológica y de la libertad económica y personal, lo cual los conduce al fracaso y la pobreza. Los Estados incluyentes, en contraste, tienen pesos y contrapesos al poder, son innovadores y prosperan gracias al empuje de la competencia de intereses en el marco del estado de derecho y de los derechos de propiedad.

Para que un Estado evite ser fallido, las élites políticas deben tomar la decisión de abandonar las instituciones extractivas y ceder el poder a las instituciones incluyentes, aunque sea tan sólo por el temor de que sobrevenga la ingobernabilidad, el caos o el surgimiento de movimientos populistas radicales. Un fundamento clave de la prosperidad es la lucha política contra los privilegios y la corrupción.

¿Una Economía Positiva?

Surgieron propuestas concretas que pueden aportar a la solución de los desafíos que enfrenta la economía

El mes pasado tuvo lugar en Le Havre, Francia, el LH Forum donde se lanzó el Movimiento por una Economía Positiva. El evento, patrocinado por el Grupo Planet Finance –una organización internacional que promociona las microfinanzas entre los más pobres- fue inaugurado por el presidente francés, Francois Hollande, y reunió a un destacado número de académicos, empresarios, políticos, sindicalistas y activistas que compartieron su visión respecto de la manera en que la economía podría trascender su visión utilitarista y contribuir a la solución de los problemas de la sociedad.

En el Foro resultó evidente que el concepto de Economía Positiva no está aun claramente definido, pues aún es una idea en proceso de construcción, alrededor de la cual se busca que la actividad empresarial tenga un impacto positivo en la protección y valoración del capital humano y del capital ambiental de la sociedad. En una secuencia variada de expositores, fueron desfilando en Le Havre una serie de ideas de varios sabores y colores. Si bien es cierto que se repitieron, inevitablemente, los lugares comunes, discursos sentimentalistas y propuestas vagas que suelen presentarse en este tipo de eventos (“hay que cambiar el modelo centrado en el interés particular”, “un nuevo paradigma económico es necesario”, o “impulsemos una economía menos individualista y más solidaria”), también lo es que surgieron ideas y propuestas prácticas y concretas que bien pueden aportar a la solución de los desafíos que enfrenta la economía moderna respecto de la exclusión social y el deterioro ambiental.

Hubo una especie de consenso en torno a la importancia de las empresas como eje en torno al cual gira la economía moderna: es a través de ellas como mejor puede lograrse el impacto positivo que la actividad económica puede tener en la sociedad. Al respecto se presentaron casos inspiradores como el de la Corporación B, una iniciativa empresarial estadounidense que, basada en la convicción de que las empresas son la fuerza más poderosa para el progreso de cualquier sociedad, certifica a aquellas que sobresalen por su compromiso y resultados sociales y ambientales.

El intercambio de opiniones y experiencias entre los participantes permitió vislumbrar la evolución que habrán de tener conceptos como el de la Responsabilidad Social Empresarial, o el concepto mismo de empresarialidad como una forma efectiva de solventar los problemas sociales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Se hizo claro que el estado de derecho y los marcos regulatorios son esenciales para, entre otros objetivos, potenciar los efectos económicos y sociales de las “empresas sociales” (esas organizaciones que no son ONGs pero que tampoco buscan la maximización de utilidades como su fin principal).

Entre las ideas discutidas en el Foro se recalcó el potencial de las microfinanzas para ayudar a superar la pobreza a través de la empresarialidad. Se presentaron historias inspiradoras sobre el impacto humano y positivo que pueden generar no solo las empresas sociales sino las empresas convencionales (incluyendo transnacionales como Renault, KPMG, Café Illy o GDF-Suez). Se concluyó que el llamado “comercio justo” no puede ser viable si no es a través de empresas económicamente sostenibles. Se identificó a la innovación como un factor clave para un modelo social incluyente, siempre que los innovadores se vuelvan también emprendedores. Se reflexionó sobre las dos claves del éxito empresarial –capital y conocimiento- y sobre cómo la búsqueda de utilidades, sin ser un fin en sí misma, puede apuntalar dicho éxito.

Dos lecciones centrales del Foro: primero, que si se tiene la perspectiva adecuada de largo plazo, no tiene por qué existir contradicción entre la búsqueda de utilidades y el equilibrio del capital humano y del ambiental; segunda, que la existencia de instituciones robustas, funcionales e incluyentes (como la igualdad ante la ley, el estado de derecho, la libertad de empresa y la democracia misma) es una condición necesaria para una Economía Positiva en cualquier país. La nueva Economía Positiva –si llega a materializarse- solo podrá realizarse sobre la base de instituciones viables: las empresas (el agente clave de la economía positiva) no pueden surgir ni progresar en ausencia de instituciones confiables.

La Solidez del Sistema Financiero

Se requerían modificaciones al marco legal que, hasta ahora, habían estado estancadas

Durante los últimos años, el sistema bancario se ha mantenido relativamente sólido y en proceso de gradual fortalecimiento, apuntalado por un récord de prácticas crediticias prudentes e indicadores de solvencia en proceso de mejora. Sin embargo, en opinión de diversas calificadoras de riesgo, aún muestra cierta vulnerabilidad ante factores clave como el mediocre crecimiento de la economía nacional, la fragilidad de la economía internacional y un eventual deterioro de los términos de intercambio.

Por el lado positivo, la estabilidad exhibida por las tasas de interés y el renovado ritmo del crédito bancario en meses recientes son factores que ayudan a mitigar dichos riesgos. Las calificadoras evalúan nuestro sistema financiero de acuerdo con una serie de indicadores de su desempeño: el patrimonio, la calidad de los activos, la eficiencia microeconómica, las utilidades, la liquidez y el estatus de mercado. La mayoría de esos indicadores están en niveles aceptables, y eso lo reconocen las calificadoras y analistas internacionales.

Sin embargo, tal como lo expresa uno de ellos (The Economist Intelligence Unit), “los indicadores de solidez financiera son razonables, pero el escaso progreso en la mejora de la supervisión sigue siendo una debilidad” para el sistema bancario nacional. Ello subraya la conveniencia de consolidar y fortalecer la regulación y supervisión financiera en función de los riesgos cambiantes del entorno interno y externo, para ponerlas más en línea con los estándares que establecen a nivel internacional entidades como la OCDE.

Lo anterior requeriría modificaciones al marco legal que, hasta ahora, habían estado estancadas. Sin embargo, el 28 de agosto el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Bancos y Grupos Financieros que fortalece las regulaciones, limita la participación de bancos fuera de plaza (offshore) y norma la asistencia financiera para entidades bancarias en riesgo. La mayoría de las reformas aprobadas se orienta a fortalecer la llamada “red de protección financiera” para casos de insolvencia y cierre de una institución bancaria, pero también se incluyeron algunas regulaciones de carácter más general.

Las reformas del primer establecen límites más estrictos para otorgar créditos a los accionistas de los grupos financieros, incluyendo a las empresas que forman parte de tales grupos; limitan la distribución de dividendos en casos de entidades que necesiten reforzar su patrimonio; limitan los operaciones de las offshore y endurecen las sanciones contra las mismas; e incrementan el monto que el banco central puede aportar como préstamo de última instancia. Sobresalen las disposiciones relativas a fortalecer el Fondo para la Protección del Ahorro –FOPA-, habiéndose incrementado la cuota mensual que los bancos deben aportar para su sostenimiento.

Entre el segundo tipo de reformas (las generales) sobresale la normativa que obliga a los bancos a contar con una calificación emitida por una calificadora de riesgo reconocida, la cual deberá ser evaluada y registrada en la Superintendencia de Bancos. Esta calificación deberá ser pública y servirá de parámetro para determinar el aporte que cada banco debe hacer al FOPA. Además, se establecen nuevos límites de concentración de inversión.

Todas estas reformas pueden tener importantes implicaciones y contribuirán a mejorar la percepción que las calificadoras tienen sobre el marco regulatorio del sistema bancario. Aunque el aumento en la cuota de contribución al FOPA genera un aumento de costos que los bancos podrían trasladar al usuario mediante aumentos en las tasas de interés, ello solamente ocurriría parcialmente en la medida en que la competencia por atraer clientes obligará a las instituciones a absorber parte del referido costo. Finalmente, la disposición que obliga a los bancos a contratar y hacer pública una calificación de riesgo puede tener importantes implicaciones en las percepciones del público sobre la calidad de las instituciones financieras, y generar a partir de dichas precepciones movimientos de activos y pasivos conducentes a una mayor consolidación del sistema bancario.

El nuevo Superintendente de Bancos, Ramón Tobar, tendrá a su cargo vigilar la evolución de estas implicaciones. Le deseamos suerte en el desempeño de tan importante responsabilidad.