¿Está el gobierno muy endeudado, o aún hay espacio para adquirir más préstamos? ¿Está mal que los bancos privados le compren bonos al gobierno? ¿El tamaño del gobierno es un problema? La gravedad de la situación sólo puede
aquilatarse si se centra la atención en un numerito clave: el déficit fiscal
El tamaño del déficit fiscal (la diferencia entre los
ingresos y los gastos del gobierno) es la variable clave para analizar las
finanzas del Estado. Hace un par de semanas tocamos este punto y hoy se hace
necesario reiterarlo, pues resulta esencial para poner en perspectiva un par de
temas alrededor de los cuales se están generando sendas polémicas que bien vale
la pena intentar esclarecer.
Un primer tema que se está poniendo de moda es el de la
prohibición constitucional vigente que impide al Banco de Guatemala concederle
crédito al Gobierno. Al respecto han surgido opiniones que abogan por eliminar la
referida prohibición, con el argumento de que resultaría sano que el banco
central pueda entrar a competir con los bancos del sistema a fin de que el
crédito al gobierno no sea tan caro para éste y se evite que los bancos
obtengan ganancias indebidas aprovechándose del “monopolio” que les concede la
prohibición constitucional.
La opinión antes descrita está llena de errores y
falacias. Es falso que exista un “monopolio” pues los bancos compiten entre sí
para otorgarle financiamiento al gobierno. También es falso que los bancos estén
volviéndose millonarios a costa de prestarle dinero al gobierno, ya que el
crédito concedido por los bancos al gobierno representa menos del 10% de sus
activos.
Lo peor de tal argumento es que no sólo es conceptualmente
pobre, sino que además desvía la atención del verdadero asunto de fondo: el
déficit fiscal. Si no existiera déficit (o si dicho numerito clave estuviera
permanentemente bajo control), el problema del crédito del banco central (o de
los bancos privados) al gobierno sería inexistente; dado que en Guatemala los
ingresos tributarios son estructuralmente bajos, el gobierno debe endeudarse
para financiarlo. Eliminar la prohibición al banco central para darle crédito
al gobierno no soluciona este problema, sino que solamente lo opaca, lo
disfraza y pospone su solución.
Los intelectuales de izquierda y los líderes
populistas que abogan por revivir el crédito del banco central al gobierno no
se dan cuenta de que con ello se invisibilizaría el auténtico talón de Aquiles
de las finanzas públicas (la precariedad de ingresos) y se debilitaría
sustancialmente eñ argumento a favor de aumentar la carga tributaria. Y,
mientras tanto, el dinero sin respaldo que emitiría el banco central para
prestarle al gobierno iría minando gradualmente la estabilidad económica que se
ha venido construyendo a pulso en los últimos lustros y que es una de las pocas
fortalezas del país ante los ojos de la comunidad financiera internacional.
El segundo tema es el de la infame deuda flotante que,
supuestamente, el gobierno debe pagar por obras de infraestructura que fueron
comisionadas en años anteriores sin que existieran recursos para pagarlas. Al
respecto, será importante dilucidar si la contratación de dicha obra fue legal
o ilegal, así como verificar si tal obra realmente existe, si era necesaria y
si cumple con los estándares mínimos de calidad.
Una vez verificado lo anterior, podrá saberse a cuánto
asciendo el monto que el gobierno va a pagar por concepto de obras de
infraestructura realizadas en el pasado, monto que, inevitablemente, impactará
en el numerito clave: el déficit fiscal.
En efecto, en el instante en que el gobierno reconozca
que se ejecutó obra pública que no estaba presupuestada o que, habiéndolo
estado, no se pagó durante el período en que correspondía hacerlo, en ese
instante se reconocerá también que el déficit fiscal fue mayor de lo que
oficialmente se había calculado.
De manera que si, por ejemplo, se decide reconocer y
pagar una deuda flotante de, digamos, Q4 mil millones, habrá que aumentar en
ese mismo monto el déficit fiscal: si, por ejemplo, se pagara dicho monto en
2012, el déficit fiscal de este año ya no será equivalente al 2.5% del PIB,
sino que alcanzará un 3.5%, el nivel más alto en más de una década, que excedería
por mucho los niveles de déficit considerados como sostenibles e implicaría un
aumento alarmante en el endeudamiento público.
La gravedad de estos asuntos sólo puede aquilatarse en su justa
dimensión si se centra la atención en ese numerito clave, el déficit fiscal,
que nos dice tanto pero que, consciente o inconscientemente, preferiríamos no
tener que ver.