sábado, 30 de junio de 2012

El Tamaño del Déficit es la Clave


El punto relevante de cara al futuro es que el déficit fiscal debe permanecer bajo control
El gobierno realizó en pasado 29 de mayo una colocación de bonos del tesoro por U$$700 millones en el mercado internacional, los cuales deberá pagar en un plazo de 10 años, incluyendo una tasa de rendimiento de 5.88% anual. La emisión de estos títulos de deuda pública busca que el gobierno obtenga dinero para pagar el déficit fiscal en el que habrá de incurrir durante 2012.
Este endeudamiento ha sido recibido con beneplácito por quienes ven en él una muestra de confianza de los mercados internacionales en la economía guatemalteca. En efecto, las condiciones de liquidez en el mercado permitieron que la demanda por los bonos guatemaltecos alcanzara los US$2 mil millones, superando la proyección inicial del gobierno de colocar US$500 millones; y, lo que es más, la tasa de interés que se pagará es una de las más bajas logradas por un país latinoamericano en los últimos años.
Pero, por otro lado, este súbito aumento de la deuda pública ha sido recibido por algunos analistas como una preocupante muestra del desequilibrio estructural de las finanzas públicas, que deben recurrir permanentemente a endeudarse para que el gobierno pueda cumplir con sus compromisos de pago.
Ambas posiciones tienen parte de razón, pero la verdadera evaluación del impacto de esta reciente colocación de bonos sólo puede hacerse a la luz del tamaño del déficit fiscal, que es la variable clave para el análisis de las finanzas del Estado. El concepto esencial es que cuando los gastos del gobierno exceden a sus ingresos (básicamente los impuestos) se produce un déficit que debe ser financiado mediante el endeudamiento público (emitir bonos o adquirir préstamos). La suma de todos los bonos y préstamos que debe pagar el Estado constituye la deuda pública, la cual aumentará en la medida en que se produzcan nuevos déficits fiscales.
¿Cuán preocupados debemos estar acerca del aumento de la deuda pública? Aunque no existe una respuesta inequívoca a esta cuestión, existe algún grado de consenso en cuanto a que el déficit fiscal se vuelve preocupante solamente si su tamaño es tal que causa un aumento de largo plazo en el saldo de la deuda pública como proporción de la producción nacional (medida por el PIB). Esta proporción –o carga de la deuda- es una medida gruesa de la capacidad que tiene el país de pagar la deuda nacional; si esta carga sigue creciendo, en algún momento la economía no tendrá suficiente PIB para ser capaz de pagar la deuda, lo que producirá una crisis enorme, como la que actualmente aqueja a los países de la Europa Mediterránea.
Afortunadamente para Guatemala, la carga de la deuda no ha superado en años recientes el 25% del PIB, lo que la hace la más baja de Centroamérica (donde promedia un 41%). Diversos estudios dan cuenta de que, para que dicho porcentaje no aumente insosteniblemente, el déficit fiscal anual debe mantenerse en niveles moderados: algunos –lo más laxos- estiman que el déficit no debiera exceder de un monto equivalente al 2.5% del PIB; otros –un tanto más estrictos- ponen el límite en un déficit anual que no supere el 2% del PIB.
Esta moderación en el déficit es reconocida por las calificadoras de crédito internacionales como una de las principales fortalezas de Guatemala: en los últimos diez años el déficit fiscal ha promediado un nivel de 2.1% del PIB lo que, aunado a un récord casi impecable en el pago de sus compromisos de deuda, ha permitido al país tener un acceso cómodo a los mercados internacionales de capital. Sin embargo, las propias calificadoras consideran que, pese al manejo tradicionalmente conservador de la deuda por parte de Guatemala, el país enfrenta grandes limitaciones fiscales debido a las rigideces del gasto y a las dificultades estructurales para aumentar nuestra capacidad productiva.
De manera que el punto relevante de cara al futuro no es si la reciente colocación de bonos fue buena o mala sino, paradójicamente, que para que el país pueda seguir endeudándose en el exterior el déficit fiscal debe permanecer bajo control. Es en este punto esencial en el que el Congreso debe poner una particular atención a la hora de aprobar el presupuesto y el endeudamiento. Y es también uno de los pilares en los que debe basarse cualquier movimiento del Ejecutivo en materia de gastos (corrientes o de inversión) y de ingresos.

domingo, 24 de junio de 2012

Gobierno Corporativo y Tribunales

El buen funcionamiento del sistema de justicia es una de los fundamentos del Estado de Derecho. Ciertamente se requieren reformas sustantivas y profundas en los tribunales, aunque algunas de ellas podrían aplicarse con simples ajustes administrativos. En ese sentido, es recomendable que se adopten en las cortes prácticas contrastadas de buen gobierno corporativo.

La poca eficiencia de la administración de justicia en Guatemala está relacionada con temas de tipo administrativo: desde la administración de personal hasta el procesamiento de casos, pasando por temas presupuestarios. El principal problema es que los jueces mismos están a cargo de los asuntos administrativos, sin tener el suficiente entrenamiento contable, financiero o gerencial. El resultado es una severa ineficiencia en flujo de casos, en su manejo y evacuación, así como en su registro y archivo.
Si bien la mayoría de jueces y magistrados se quejan de sus múltiples responsabilidades administrativas, muchos no parecieran estar dispuestos a delegar esas tareas a personas especializadas en ello. Quizá algunos jueces perciben que el autorizar compras o el firmar cheques (labores que los distraen dramáticamente de su función esencial de juzgar) les significa poder y estatus. Es más, se sabe de jueces que delegan sus responsabilidades judiciales a sus oficiales asistentes, reservándose para sí las actividades administrativas con las que puedan obtener privilegios.
Para corregir esta disfuncionalidad del sistema es recomendable que se adopten a lo interno de las cortes (no sólo en el Organismo Judicial –CSJ-, sino también en los otros tribunales superiores, el Supremo Electoral –TSE- y la Corte de Constitucionalidad –CC-) prácticas contrastadas de buen gobierno corporativo (también conocido como “gobernanza”, que es el conjunto de procesos mediante el cual una entidad toma decisiones y las lleva a la práctica). La piedra angular del buen gobierno corporativo es que las instituciones se vuelvan más eficientes, transparentes y comprometidas con el cumplimiento de sus fines.
Los elementos de un buen gobierno corporativo que podrían ser fundamentales para mejorar la eficiencia de las cortes incluyen el explicitar con claridad su mandato y su compromiso hacia la sociedad, el someterse periódicamente a auditorías externas –no sólo de tipo financiero, sino de sistemas y control en general-, así como el difundir sistemáticamente la información pública respecto de sus cuentas y sus actuaciones. Y uno de los elementos más deseables es el de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales.
Para el efecto, conviene asemejar las funciones del tribunal superior (ya sea la CSJ, la CC o el TSE) con las de una junta directiva de cualquier organización. Como tal, el tribunal superior es responsable del desempeño de largo plazo de la institución; esto es, establecer las estrategias y reglas para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, su ámbito de acción no está en el manejo del día a día, sino en la toma de decisiones estratégicas y el establecimiento de normas generales, así como en el control, supervisión y evaluación de la administración y de las finanzas de la entidad.
En los sistemas de justicia desarrollados, basados en tribunales independientes, la administración del día a día se delega en administradores profesionales –nombrados, supervisados y evaluados por la corte superior- que deben ser personas con capacidad profesional y experiencia en el campo de la administración pública y que comprendan los procedimientos judiciales.  Estos gerentes contribuirían a mejorar la efectividad de las cortes superiores, no solo al proveer información continua a los magistrados para que tomen las mejores decisiones estratégicas y puedan vigilar y evaluar el desempeño de los tribunales, sino también al permitirles dedicar la mayor parte de su tiempo a su función primaria de impartir justicia.
La eficiencia del poder judicial es de suma importancia para que pueda cumplir con su rol constitucional y, así, proteger a todas las personas contra la violación de sus derechos. Para ello, el sistema debe velar por que la justicia sea pronta, efectiva, imparcial, cumplida y accesible a todos: en ello radica la base de un orden social duradero.
Cada guatemalteco debería ver el sistema judicial como su recurso primordial para obtener justicia; si los tribunales no están a la altura de esta expectativa, entonces la gente querrá hacer justicia por su propia mano y habrá caos e ingobernabilidad. En tal sentido, las reformas en la estructura de gobernanza de los tribunales adquieren una importancia trascendental.

domingo, 17 de junio de 2012

Austeridad versus Estímulo Fiscal


La crisis de desempleo en Estados Unidos y la crisis de la deuda pública y privada en Europa, han puesto en contraposición a quienes abogan por una expansión fiscal y monetaria para combatir el desempleo, por un lado, y aquellos que predican las bondades de la austeridad para recobrar la confianza en los mercados, por el otro. En la práctica, se trata de encontrar una combinación equilibrada entre lo uno y lo otro.

Los líderes del G8 (el club de las economías más poderosas del mundo) declararon en su más reciente cumbre que el crecimiento económico y la creación de empleos eran la prioridad en su agenda, lo que marca un aparente cambio de enfoque en su política económica, en reacción quizá a las protestas callejeras y a los resultados electorales recientes en Francia y Grecia, que han puesto en evidencia que el rechazo de las masas a las políticas de austeridad fiscal es políticamente difícil de ignorar.
Sin embargo, la reciente retórica anti-austeridad, en la práctica, se topará ante la cruda realidad de varios países que abusaron de su capacidad de endeudarse y que, inevitablemente, deberán reducir su nivel de gastos mediante duras políticas de austeridad. En la práctica, el debate sobre austeridad versus estímulo fiscal no debería tratarse de escoger uno en vez del otro, sino de encontrar una combinación equilibrada de medidas de austeridad y de estímulo que mejor se adapten a las circunstancias particulares que difieren mucho de un país a otro y de un momento a otro.
Lo mismo que es irresponsable, por un lado, inventar amenazas inflacionarias inexistentes con tal de oponerse a la aplicación de medidas que estimulen la demanda agregada, también lo es, por el otro, empujar políticas de estímulo (fiscal o monetario) de manera irresponsable sin evaluar su sostenibilidad y consecuencias en el largo plazo. En efecto, cualquier política de estímulo debe ser evaluada no sólo por sus efectos inmediatos, sino por sus consecuencias en el tiempo, como bien lo saben los economistas keynesianos responsables (no los populistas) que buscan que los beneficios del gasto público expansivo que se haga hoy sean mayores a los costos que acarreará el pago de dicho gasto en el futuro.
En ese sentido, las medidas de estímulo fiscal podrían requerirse en circunstancias en las que los elevados niveles de desempleo orillan a los trabajadores desocupados a perder sus capacidades y hábitos que los hacen sujetos de ser re-empleados. En tales circunstancias (como las que se están dando hoy en Estados Unidos o en España) las medidas de estímulo que permitan aumentar el empleo de forma sostenible estarán justificadas.
Sin embargo, un problema con este tipo de medidas es que, si no están bien focalizadas (en los sectores económicos o en las áreas geográficas específicamente afectadas por el desempleo) pueden resultar demasiado caras o ineficientes. Otro problema es que, siendo justificables en un país, no son extrapolables a otros. Por ejemplo, en el caso de Grecia, el excesivo gasto fiscal es el problema, no la solución.
En el caso griego y otros similares no hay, por desgracia, salidas fáciles. La austeridad, aunque dolorosa, es la única medicina viable: el aumento de impuestos y la reducción de gastos fiscales (incluyendo difíciles reducciones en la burocracia y en las pensiones) es necesaria no sólo para poner la casa en orden, sino para infundir un sentido de responsabilidad y de solidaridad en toda la sociedad, así como para recobrar la confianza de los inversionistas y prestamistas externos para apoyar los esfuerzos griegos de ajustar su economía a su realidad productiva.
El desafío clave para los hacedores de política económica en estos día turbulentos, no sólo en Europa o Estados Unidos, sino también en realidades como la de Guatemala, es el de conciliar las políticas de crecimiento y empleo, con las necesidades de consolidación de las finanzas públicas, ya que ambas son necesarias. La combinación de crecimiento económico con responsabilidad fiscal es un requisito cada vez más exigido por parte de los mercados financieros para que los gobiernos y el sector privado puedan tener acceso al crédito.
Lo anterior implica que en aquellos países que no están excesivamente endeudados (como Estados Unidos o Guatemala) es factible y deseable que la austeridad no sea tan estricta ni dolorosa, siempre y cuando existan planes creíbles para asegurar que la sostenibilidad fiscal se mantenga en el largo plazo. La palabra clave aquí es “creíble”. Lo contrario es la demagogia populista que ofrece la solución mágica de aumentar el empleo a través de un mayor gasto público sin reconocer que, si éste no es sostenible, el remedio resultará, a la larga, peor que la enfermedad.

domingo, 10 de junio de 2012

Empleo y Desarrollo Integral


El elevado nivel del subempleo es una tragedia para Guatemala, porque significa que los trabajadores no logran satisfacer adecuadamente sus necesidades. Las políticas de competitividad, empleo y desarrollo rural lanzadas recientemente por el gobierno serán útiles en la medida en que aborden esta tragedia.
La secuela más grave de la crisis económica mundial que explotó en 2008 está, hoy en día, en los elevados niveles de desempleo que prevalecen en los países desarrollados. Según cifras recientes de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE-, sus países miembros (que son las 30 economías más desarrolladas del planeta) tienen actualmente 100 millones de personas sin empleo, y necesitan generar 21 millones de puestos de trabajo para regresar a los niveles de empleo que registraban antes de la crisis.
La imposibilidad de encontrar una solución rápida y convincente a este problema tiene contra la pared a muchos gobiernos en Europa de cara a sus ciudadanos, especialmente los más jóvenes que, indignados, ven con creciente pesimismo su futuro. Y tiene también muy preocupado a Barack Obama respecto de sus posibilidades de ser reelecto en noviembre como presidente de los Estados Unidos.
En el caso de Guatemala el desempleo, en apariencia, no salta a la vista como un problema apremiante. Aunque la tasa de desempleo en nuestro país ha empeorado ligeramente, al pasar de sólo 3.52% en 2010 a 4.06% en 2011(según la última encuesta de empleo e ingresos –ENEI-), nuestro país se compara relativamente bien con realidades como la de Estados Unidos (con una tasa de desempleo de 8.1% a marzo de 2011) y supremamente bien cuando se compara con el caso extremo de España (que tiene una tasa de desempleo de 24.1%).
Este aparente buen desempeño de Guatemala oculta la verdadera tragedia del mercado laboral guatemalteco: la enorme cantidad de trabajadores que están subempleados. La tasa de subempleo en 2011, según la ENEI, fue de 57.2%, lo que quiere decir que más de la mitad de los trabajadores están ocupados por menos del tiempo que desean laborar, o bien desempeñan labores que están por debajo de sus capacidades físicas e intelectuales. En otras palabras, estos trabajadores están devengando ingresos inferiores a los que podrían ganar si estuviesen plenamente empleados.
El subempleo es una tragedia no sólo porque significa que la mayoría de trabajadores guatemaltecos no logra satisfacer adecuadamente sus necesidades materiales, sino también porque se traduce en que las empresas guatemaltecas, grandes y pequeñas, ven limitadas sus posibilidades de vender sus productos dada la falta de poder adquisitivo de los consumidores.
La situación es particularmente grave en el área rural, donde se ubica la mayoría de trabajadores: 38.8% del total de ocupados está en la agricultura, versus un 14.6% en la industria y un 24.9% en los servicios. Resulta preocupante que la actividades agrícolas (con ese 38.8% de ocupados) apenas generen un 13.3% de la producción nacional (medida por el PIB). Es evidente que lo que existe en el área rural es una falta enorme de productividad, si se compara con las actividades industriales (que generan un 20.3% del PIB) o de servicios (30.8% del PIB).
Esa falta de productividad se relaciona con el bajo nivel de escolaridad. Según la ENEI, la escolaridad promedio en las actividades agrícolas era en 2011 de 3.53 años, mientras que en la industria era de 5.92 años y en los servicios era de 9 años. En consecuencia, el ingreso promedio de cada trabajador agrícola era de Q1250, mientras que en la industria era de Q2125 y en los servicios de Q2442.
Dada la crudeza de las cifras oficiales en materia de empleo y productividad, es muy oportuno que el gobierno haya lanzado la semana pasada, por un lado, una política nacional de empleo y, por otro (casi en simultáneo), una política de desarrollo rural. La primera establece unos lineamientos generales para generar empleos que se basan en velar por el cumplimiento de la legislación laboral, incrementar la productividad de los trabajadores, generar mayor inversión, fomentar la eficiencia e innovación de la producción y mantener un marco económico estable. La segunda plantea reactivar la política de desarrollo rural que emitió el gobierno anterior, promover la inversión privada en el área rural y fortalecer la agricultura familiar.
Aunque es importante el lanzamiento público de estas políticas, más importante será que los distintos componentes de las mismas se articulen con congruencia, a fin de que su implementación sea efectiva y se evite que entren en contradicción unas con otras.

viernes, 1 de junio de 2012

La Necesaria Reforma Política

La democracia y el desarrollo económico son fenómenos que se refuerzan mutuamente.




Nuestra joven democracia es frágil, vulnerable y susceptible de debilitarse debido a múltiples factores. Por un lado, después de 25 años de régimen constitucional no existe aún una percepción generalizada de bienestar y el ciudadano promedio no es capaz de identificar al régimen democrático con una mejora perceptible en su calidad de vida. Por otro lado, el sistema político sobre el cual descansa el ordenamiento democrático del país ha ¿evolucionado? de tal manera que el principal incentivo de participación política parece ser la búsqueda de rentas por parte de grupos de interés que han penetrado el proceso político y que, a través de su instrumentalización, producen políticas socialmente ineficientes.
La democracia y el desarrollo económico son fenómenos que se refuerzan mutuamente. Un lento desarrollo económico obstaculiza el progreso de la democracia, y un sistema democrático atrofiado impide el desarrollo del país. Aunque la construcción de un sistema democrático funcional es un proceso lento que requiere de mucha paciencia y perseverancia, su gradual consolidación puede favorecer la formación de capital físico, capital humano, capital social e instituciones políticas necesarios para lograr el desarrollo integral del país.
El argumento que sostiene que la democracia promueve el desarrollo se basa en el hecho de que las instituciones políticas esenciales para el desarrollo económico tienen más probabilidades de existir y funcionar efectivamente bajo un régimen democrático. Estas instituciones incluyen: el imperio de la ley que protege los derechos de propiedad; las libertades individuales que fomentan la creatividad y el espíritu empresarial; la libertad de expresión que garantiza la producción y el flujo de la información; y, los controles y contrapesos institucionales que impiden la malversación del erario público que suele aquejar a las autocracias.
Claro está que el hecho de que la democracia favorezca el desarrollo económico (opinión que no es compartida por quienes simpatizan con los regímenes autoritarios) no debe ser la principal justificación para apoyar el fortalecimiento del sistema democrático. Una razón más importante es que la democracia es la única forma viable de gobierno capaz de otorgar a los ciudadanos garantías de respeto a sus libertades básicas y a la igualdad de derechos y oportunidades. De manera que la democracia es deseable no sólo porque es compatible con el desarrollo económico sino que, principalmente, porque potencia el bienestar a través del respeto de las libertades e igualdad.
En ese contexto, resulta muy oportuno y esperanzador el proceso iniciado por la Comisión Específica de Asuntos Electorales del Congreso de la República, que tiene por objeto hacer consultas sobre posibles reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que, idealmente, deberían conocerse y aprobarse este año en el Legislativo. Y es que dicha ley es tan compleja, y toca tantos intereses, que sería muy difícil pensar que sea reformada cuando las siguientes elecciones estén ya muy próximas.
También es ingenuo (e incluso inconveniente) pensar que las reformas a esta ley de rango constitucional vayan a ser revolucionarias y cambien de raíz el sistema político vigente. Mejor habría que aprovechar esta ventana de oportunidad para lograr un número acotado de modificaciones puntuales, pero contundentes, que se enfoquen en superar los evidentes problemas que existen en cuanto a la poca transparencia que exhibe el sistema político y a la poca representatividad ciudadana en los procesos y resultados electorales.
Y todo ello teniendo en mente que, con todo y el desencanto que existe respecto del desempeño reciente de los partidos políticos y del propio Tribunal Supremo Electoral, las reformas deben dirigirse a fortalecer estas mismas instituciones, que son claves para el adecuado funcionamiento del sistema democrático.
La democracia es siempre vulnerable, por lo que las leyes e instituciones que la sustentan deben fortalecerse y orientarse, por un lado, a fomentar la educación y la participación ciudadanas y, por otro, a introducir controles y contrapesos que creen un ambiente propicio para la toma de decisiones colectivas y la solución de conflictos, que son la mejor garantía de largo plazo para el desarrollo económico.

ENERGÍA ELÉCTRICA: SE ACABARON LAS VACAS GORDAS

URGEN MEDIDAS PARA EVITAR UN DÉFICIT DE SUMINISTRO   Durante años, el sistema eléctrico nacional tuvo un superávit de oferta; es decir, su c...