Tráfico Insoportable

El tráfico citadino es insoportable y ocasiona costos (tangibles e intangibles) que claman por respuestas efectivas de parte de las autoridades municipales y del gobierno central. Al menos a simple vista no se aprecia una estrategia coherente en este tema, sino que se ven solamente medidas aisladas, remedios que a veces salen peor que la enfermedad, o grandes ideas soñadoras que traigan la solución mágica a este grave problema. En la práctica, lejos de soñar en megaproyectos, más valdría pensar en soluciones económicamente viables al problema del tránsito.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

TRÁFICO INSOPORTABLE
Enero trae consigo la reanudación de los atascos del tránsito en la ciudad de Guatemala, más insoportables con cada año que pasa. Los problemas de congestionamiento en las calles no solo son un una molestia para el capitalino, sino que contribuyen a la mala calificación que recibe nuestra ciudad como un posible centro para hacer negocios. El tráfico excesivo impone innegables costos económicos a la comunidad, además de causar problemas de contaminación, ruido, excesiva dependencia del petróleo, y deterioro de la calidad de vida.

Lo anterior hace que surjan toda clase de ideas para reducir los embotellamientos de tránsito. Una de las ideas que más ha sonado en los últimos años es la de construir un Anillo Metropolitano que, supuestamente, ayudaría a descongestionar el tránsito vehicular pues, al circunvalar la ciudad, evitaría que los vehículos que transitan del Océano Atlántico hacia el Pacífico circulen por sus calles.

Aunque la idea suena lógica, su costo es tan elevado que es imprescindible hacer estudios que comprueben, primero, si en verdad es significativo el número de vehículos que, viniendo de otros puntos del país hacia la capital, no tiene como destino final esta ciudad sino que simplemente deben cruzarla para llegar a otros destinos. Es muy probable que un estudio concienzudo al respecto arroje que la mayor parte del transporte viene a la ciudad porque este es su destino final y, por ende, en poco ayudaría un Anillo Metropolitano a descongestionar el tráfico.

Incluso en el caso de que sí existiera un gran número de vehículos que deseara atravesar la ciudad, un Anillo tampoco sería la solución más eficiente, pues sería suficiente con un ramal (medio anillo, pues) que conecte el norte con el sur del área metropolitana. De cualquier forma, antes que el desfogue de este tipo de transporte (que ni siquiera sabemos si es importante), hay otro temas que podrían requerir un tratamiento más prioritario. Por ejemplo, la circulación de tráileres y contenedores por las calles de la ciudad (algo inadmisible en otras latitudes, incluso en ciudades más pequeñas que la nuestra), o el injustificable y sucio parche (mega-tapón al tránsito) que representa la Terminal de la zona 4.

Lejos de soñar en megaproyectos –como el Anillo Metropolitano-, más valdría pensar en soluciones económicamente viables al problema del tránsito. Para empezar, es necesario favorecer y hacer viables formas de transporte distintas a los vehículos automotores: desde el tren subterráneo (o elevado) hasta el viaje en bicicleta o a pie. Eso sin satanizar (prohibir) el uso de los automóviles que, después de todo, constituyen un medio válido (y muy conveniente) de transporte, así como una legítima aspiración individual y un signo de modernidad y progreso.

Lo malo con el congestionamiento de vehículos es que evita que ciertos viajes de crítica importancia ocurran oportunamente: el paso de una ambulancia en una emergencia o el viaje de un desempleado a una entrevista de trabajo son más importantes (económica y socialmente) que el transporte de una señora a su cuchubal o de un jovencito a una discoteca. Una manera económicamente eficiente que ha sido implementada con éxito en otras ciudades (Londres o Singapur, por ejemplo) para racionalizar el uso de las calles es el establecimiento de pagos (peaje) por su uso.

La lógica detrás del establecimiento de peajes en las ciudades es sencilla: cuando un conductor usa una calle, recibe un beneficio (la movilidad provista por la calle) e incurre en unos costos (gasolina, mantenimiento del vehículo, tiempo de manejo). Lo que no tiene que pagar es el costo de la congestión que genera su propio ingreso a la calle, que es soportado por todos los que circulan en ella. Esta externalidad negativa implica que demasiados conductores van a querer utilizar la calle, a menos que el costo de hacerlo se internalizara mediante el pago de un peaje por congestión.

Este tipo de soluciones no es, claro está, muy popular y, por ende, no es muy atractivo para los políticos. Pero las soluciones de largo plazo al tráfico vehicular excesivo (según la experiencia internacional) no pasan por la construcción de más calles, ni por la prohibición a circular, sino por hacer que los conductores paguen por su derecho a circular, aunque no sea popular.

Credibilidad de la Política Monetaria

La política monetaria que ejecuta el Banco de Guatemala -Banguat- está en un proceso de modernización que lleva ya algunos años y, aunque en general marcha en el sentido adecuado, aún es susceptible de mejoras, pero solamente a partir de su independencia técnica y administrativa podrá el Banguat profundizar tales mejoras. Lo anterior implica que, desde adentro, el Banguat debe privilegiar el fortalecimiento de su capital humanos y evitar a toda costa que sus decisiones se perciban como "alineadas" a intereses políticos o sectoriales; y, desde afuera, que las autoridades políticas respeten la autonomía del banco central, no sólo porque la misma está consagrada en la Constitución, sino porque (¡ojalá!) la institución se la gane con sus actuaciones técnicas e imparciales.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

CREDIBILIDAD DE LA POLÍTICA MONETARIA

La Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia para 2012 aprobada hace pocas semanas por la Junta Monetaria no presenta cambios sustanciales respecto de la que se aplicó en 2011 (salvo algunos ajustes operativos que buscan afianzar el esquema de metas de inflación) lo cual es, en términos generales, algo positivo pues no sólo refleja una sana continuidad en esta política pública sino que evidencia la fortaleza institucional la banca central. Precisamente, la perseverancia en las políticas públicas (con visión de largo plazo) y la fortaleza de sus instituciones están entre los factores que más le hacen falta aparato gubernamental guatemalteco.

Por ello debe valorarse positivamente que el Banco de Guatemala –Banguat- haya sido condecorado hace unos días con el premio “Clemente Marroquín Rojas”, otorgado por primera vez por la Vicepresidencia de la República para distinguir “a las personas individuales y jurídicas que destacan por su lucha a favor de la transparencia y la honorabilidad”. Independientemente de que las autoridades salientes del Ejecutivo gozaran o no de la credibilidad necesaria para otorgar dicho galardón, resulta meritorio que se reconozca la fortaleza institucional el banco central.

Ese reconocimiento, a su vez, debe convertirse en un acicate para que el Banguat no se duerma en sus laureles y se esfuerce por consolidar sus estructuras técnicas y de gobierno corporativo, a fin de apuntalar su prestigio a nivel nacional e internacional. Para ello sus autoridades deben preservar la autonomía que la Constitución le confiere al banco central (lo que implica no involucrarse en temas político-partidistas), y sus cuerpos técnicos deben buscar siempre la excelencia y la objetividad.

Solo a partir de su independencia técnica y administrativa podrá el Banguat profundizar las mejoras en la política monetaria y concentrar sus esfuerzos en los temas relevantes que ameritan ser debatidos y resueltos por la Junta Monetaria en los próximos meses. Por ejemplo, dado que su objetivo fundamental es la estabilidad de precios, es menester atender todas las dimensiones de dicha estabilidad: así como es importante reducir la inflación, también lo es que ésta sea predecible (poco fluctuante en el tiempo). ¿Es bueno reducir la inflación de 6.5% anual a 4.5% en un año, aunque vuelva a subir al año subsiguiente? ¿O es mejor mantenerla constante (predecible, aunque un poco más alta) durante varios años?

También amerita análisis y debate el hecho de que la meta de inflación se haya incumplido en la mayoría de años. Se ha fallado por alguna razón, la cual podría ser persistente, por lo que habría que preguntarse si al establecer las metas se ha pecado de exceso de optimismo: si la meta se incumple sistemáticamente se corre el riesgo de minar la credibilidad de la política monetaria, lo cual reduce la efectividad de los instrumentos que utiliza el Banguat y dificulta más el logro de la meta. ¿Debería buscarse una meta de inflación más realista, aunque más elevada (de 6% anual, digamos)? ¿O debería buscarse un ajuste más rápido a una tasa comparable a la de otros países más avanzados (de, digamos, 3% anual)?

El debate técnico también debería evaluar si es mejor una meta de inflación general –que incluya todos los productos del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- o si es mejor darle seguimiento a la inflación subyacente –que excluye los bienes cuyos precios son más erráticos (como los combustibles y los alimentos)-. Asimismo, debe evaluar si, además de los precios incluidos en el IPC, deberían considerarse los de los bienes raíces o de activos financieros, a fin de vigilar posibles burbujas especulativas que amenacen con engendrar crisis financieras. Es válido preocuparse por la estabilidad financiera tanto como por la estabilidad de precios, pero como son dos objetivos distintos ¿será suficiente el instrumental con que cuenta el Banguat para perseguir ambos simultáneamente? ¿O  necesita un arsenal más amplio que incluya una estrecha coordinación con la Superintendencia de Bancos y con los organismos internacionales?

Este debate, por muy técnico y árido que sea, sólo puede tenerse si el banco central está libre de influencias, presiones y discusiones políticas o sectoriales, lo que recalca una vez más la importancia de preservar su autonomía.

Mediocre, Pero con Potencial

Parece obvio: si alguien quiere ser más rico, debe aumentar sus ingresos. Esta verdad de Perogrullo no parece ser tan evidente cuando la expandimos a todo el país: si queremos reducir la pobreza, el país debe aumentar su producción. Y no se trata de ser economicista, sino de ser pragmático. Mientras no logremos que Guatemala logre aumentar la velocidad a la que crece su economía, la reducción de la pobreza será solo un sueño lejano.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

MEDIOCRE, PERO CON POTENCIAL

Recientemente el Banco de Guatemala presentó su estimación de que el Producto Interno Bruto –PIB- crecería un 3.8% en 2011 respecto del año anterior, la que fue anunciada con satisfacción y optimismo como la tasa de crecimiento más alta de los últimos cuatro años. Aunque el tono positivo se justifica dado el raquítico comportamiento de la economía mundial, es importante no llamarse a engaño: el crecimiento de la economía guatemalteca es absolutamente mediocre.

No importa si la tasa de crecimiento anual es de 2.5% o 3.9%, en tanto la economía nacional no aumente su tamaño (medido por el PIB) a una velocidad mayor al 5% anual, será imposible reducir los inaceptables niveles de pobreza y los desastrosos indicadores sociales que exhibe Guatemala.

Actualmente, más de la mitad de la población guatemalteca vive en la pobreza, con un ingreso menor a los 2 dólares diarios. Si bien es cierto que los niveles de bienestar de un país dependen de una gran variedad de elementos, entre los que se incluyen aspectos culturales, la calidad de la vida familiar o la seguridad ciudadana, también es cierto que desde el punto de vista económico el factor medible más relevante es el del bienestar material. Aunque esta puede ser una perspectiva estrecha, en la práctica la mejor manera de medir el avance en los estándares de vida de un país es a través de la cantidad de bienes y servicios que genera cada habitante.  Con un ingreso per cápita de unos US$4,700 anuales (ajustado por el poder de compra), Guatemala se encuentra lejos de los niveles de vida de países como Costa Rica (US$10,500 de ingreso per cápita anual) o Chile (US$14,500), los cuales, a su vez, se encuentran muy atrás en relación con las economías industrializadas. Para que Guatemala lograra alcanzar los niveles de ingreso de Costa Rica, nuestra economía debería crecer los próximos quince años a un ritmo anual de 5%, mientras que para alcanzar a Chile debería hacerlo a más de 8%.

Aunque el crecimiento económico por sí sólo no es suficiente para reducir la pobreza, sí es una condición necesaria para lograrlo, ya que solamente mediante una producción cada vez mayor de bienes y servicios será posible aumentar el ingreso de cada habitante del país. La mala noticia es, pues, que la economía guatemalteca ha crecido a lo largo de su historia a una velocidad muy mediocre: en los 60 años transcurridos desde 1951 hasta el día de hoy, el PIB no ha crecido (en promedio) a más de 3.9% cada año. Esa tasa es solamente un poco mayor a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral: he allí la explicación de por qué Guatemala se mantiene pobre y cada vez más rezagada respecto de otros países que hasta hace unas décadas eran como nosotros pero que ahora nos aventajan sustancialmente en términos de bienestar de su población.

La buena noticia es que, a pesar de la referida mediocridad histórica de nuestro desempeño económico, es posible revertir esta situación (como lo demuestra la experiencia exitosa de otros países), que no hay que inventar el agua azucarada (simplemente perseverar en hacer las cosas correctas), y que tenemos el potencial para lograrlo (si se aplican las políticas adecuadas). La receta ha estado clara: mejorar el capital humano (fundamentalmente mediante la inversión en educación y en salud para la población) a fin de mejorar la productividad, y aumentar el capital físico (infraestructura pública e inversión privada).

Aplicar esta receta es políticamente complejo ya que no siempre los resultados llegan con celeridad, pero ese es el camino y no hay atajos. Se requiere de voluntad, visión de país y perseverancia. Hay que preservar las cosas buenas que ya tiene nuestra economía (como la estabilidad macroeconómica, la pujanza del sector exportador, o la solidez del sistema bancario), pero hay que elevar sustancialmente la productividad de la economía dando mejores herramientas (capital físico, educación y salud) a los trabajadores, favoreciendo la inversión privada, y propiciando la adopción de nuevas técnicas productivas.

De manera que las nuevas autoridades que están por asumir sus cargos de gobierno deben comenzar por no resignarse a que la economía crezca a sus mediocres tasas históricas, sino que empiece a transitar por un sendero de mayor productividad y mejores niveles de vida para todos.

El Enemigo Sutil

La corrupción es una de las principales amenazas al desarrollo de Guatemala. Cada año se desvían grandes cantidades de recursos del erario público hacia bolsillos privados. Gran parte del dinero desviado tiene como destino el financiamiento del desquiciado sistema político-partidista, pero otra gran parte se desvía a enriquecer pseudo-empresarios que se han acostumbrado a vivir como millonarios a costa de los impuestos de los guatemaltecos. Esta será un área en la que le nuevo gobierno encontrará enormes retos, pero en cuyo tratamiento descansarán las claves de su gestión en los próximos cuatro años.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL ENEMIGO SUTIL

Los principales desafíos que enfrentará el próximo gobierno parecen ser obvios, y no difieren mucho de lo que debieron hacer gobiernos anteriores: reducir la pobreza, combatir la inseguridad y ordenar las finanzas públicas. Estos retos, evidentes pero descomunales, requerirán de un gran esfuerzo y desgaste político. Existe, sin embargo, otro reto más sutil, menos evidente, aunque igual de omnipresente: el combate a la corrupción. En comparación con la pobreza o la inseguridad, el combate a la corrupción es menos costoso y puede acarrear beneficios más inmediatos y palpables.

Aunque Guatemala ocupa uno de los últimos lugares en el índice de percepción de corrupción que calcula Transparencia Internacional, la ciudadanía parece tolerarla cada día con más facilidad. Los escándalos de corrupción que han estallado en los distintos gobiernos durante las últimas décadas son más frecuentes y, paradójicamente, provocan cada vez menos escándalo, lo que no es de extrañar en un país donde los corruptos no tienen más que perder que –en el peor de los casos- su cargo público y, quizá, su dignidad (la que tiende a recuperarse a una velocidad directamente proporcional al descaro del corrupto).

El que se desvelen frecuentes casos de corrupción se debe, en parte, a que la prensa (y, en general, la opinión pública) están cada vez más activamente vigilando el uso de los recursos estatales, aunque con herramientas aún rudimentarias o mal utilizadas. Por ejemplo, el potencial de escrutinio del SIAF-SAG aún no es empleado con eficiencia por la propia Contraloría de Cuentas, mucho menos por las ONGs supuestamente especializadas en temas de transparencia.

La principal complicación en materia de corrupción es que posiblemente gran parte del dinero desviado de las arcas estatales tiene como destino el financiamiento de nuestro desquiciado sistema político-partidista: las campañas electorales son demasiado caras, su financiamiento es opaco, los límites de gasto son poco realistas y la autoridad del Tribunal Supremo Electoral es débil.

La corrupción cruza transversalmente amplios segmentos del espectro político a nivel nacional y local, lo mismo que del sector empresarial, de la prensa y de la sociedad civil. Su crecimiento está asociado al paulatino deterioro de la actividad política y al menosprecio de las élites hacia la cosa pública y el servicio civil. Una prioridad del nuevo gobierno debe ser revertir esta situación mediante el rescate y la renovación de las instituciones públicas a fin de detener la corrosión del Estado, reducir los conflictos sociales y mejorar la eficiencia gubernamental.

Un paso esencial es concienciar a la ciudadanía: el enorme grado de tolerancia a la corrupción que ahora exhibe la sociedad guatemalteca debe ser revertido. Este relajamiento moral se debe tanto a un deterioro de los valores éticos, como a un desconocimiento de las consecuencias que la corrupción acarrea para el desarrollo económico, social y político de la Nación: diversos estudios demuestran que la corrupción es un grave obstáculo al progreso ya que distorsiona los incentivos del mercado, hace ineficientes los procesos económicos, perjudica gravemente la calidad de la infraestructura física, y daña la estabilidad fiscal.

Pero la pieza central del esfuerzo anti-corrupción debe ser el rescate y fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas (que debiese tener la misma prioridad que está teniendo el rescate del Ministerio Público), para lo cual existen ejemplos exitosos en otros países cuyo ente contralor goza de amplia credibilidad y respeto en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, para que este tipo de reformas tenga éxito es imprescindible que exista una sólida voluntad política de impulsarlas, algo complicado si tomamos en cuenta que dicha voluntad debe surgir del propio sistema político enfermo de corrupción.

Por ello también se requiere fortalecer la capacidad de los ciudadanos y sus organizaciones para dar seguimiento y auditar socialmente el peculio público. La presión social y la vindicta pública pueden convertirse en un instrumento eficaz para controlar la corrupción y para forzar el surgimiento de la voluntad política que procure fortalecer las instituciones de fiscalización.