EL PRECARIO ESTADO DE DERECHO

Una serie de acontecimientos recientes (como la cadena de errores en la elección del Fiscal, la inocultable podredumbre en la Policía Nacional Civil, o la existencia de sofisticadas redes de tráfico de influencias en el sistema judicial) han puesto en clara evidencia el gigantesco nivel de deterioro que ha alcanzado la administración pública de la seguridad y la justicia en el país. Esta es, posiblemente, una de las principales razones que explican las bajas tasas de inversión privada, de crecimiento económico y de bienestar social en Guatemala. La situación es extremadamente grave y compleja, no obstante lo cual vale la pena recordar que otros países han estado en situaciones similares y, con un enorme esfuerzo institucional y ciudadano, han logrado salir de ese tenebroso túnel. Otras, sin embargo, no lo han logrado y se han convertido en lo que se conoce como "estados fallidos".

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EL PRECARIO ESTADO DE DERECHO

La violencia delincuencial, la inseguridad ciudadana, la corrupción generalizada y la debilidad institucional son problemas graves que aquejan al sector justicia de Guatemala y que representan un serio obstáculo para la gobernabilidad y el desarrollo de la democracia, al punto que los acontecimientos recientes en torno al nombramiento del jefe del Ministerio Público ponen en entredicho la capacidad de las instituciones existentes para ejercer una gobernanza democrática del país.

La precariedad del Estado de derecho no sólo plantea graves obstáculos al sistema democrático sino que también impone altísimos costos al desarrollo económico y social. El principal de ellos es el costo humano producido por la muerte, las heridas, la invalidez o la violación a los derechos de las personas que diariamente son víctimas de la delincuencia. Aparte del terrible dolor humano que estos hechos generan, producen también un pesado lastre que obstaculiza el crecimiento económico y el progreso social.

La inseguridad y la impunidad son nocivas para la actividad económica pues elevan absurdamente los costos en materia de seguridad en los que deben incurrir las empresas y los individuos para funcionar productivamente. Hace algunos años un estudio del PNUD calculó los costos económicos ocasionados por la violencia en Guatemala y encontró que los recursos que el país pierde cada año por causa de la violencia son exorbitantes. Esta riqueza perdida podría haberse invertido para dinamizar la economía y generar mayor desarrollo social.

Esta situación afecta el patrimonio de las personas individuales y jurídicas, ahuyenta las inversiones de capitales nacionales y extranjeros, e inhibe la generación de empleos pues sin certeza jurídica no hay crecimiento. Se ven afectadas las empresas pequeñas y grandes que son víctimas de robos en sus instalaciones y en el transporte de sus mercancías y valores, lo cual distorsiona los mercados de bienes y servicios y fomenta la informalidad. En este clima se inyectan recursos ilícitos al sistema financiero y se desvían las corrientes turísticas hacia otros países. Así, no sólo se reduce la competitividad de las empresas que tienen que contratar protección privada y tomar medidas onerosas para protegerse (incrementando así sus costos de producción y, por ende, los precios), sino también se obliga al Estado a elevar los gastos destinados a combatir el crimen, en detrimento de los programas de beneficio y prevención sociales, como los de alimentación, educación, salud, cultura y recreación.

Es menester transformar el escenario de anomia en el que está inmersa la sociedad guatemalteca. Para ello el círculo vicioso de la inseguridad debe trocarse en círculo virtuoso: una reducción de la inseguridad va a generar un aumento en la inversión, mayor productividad y menores costos; esto repercutirá en un aumento de los ingresos fiscales, mayor inversión pública y capacidad de acción del Estado. Este mejor desempeño de las esferas privada y pública significará una mejor calidad de vida, más empleo, menos pobreza, mejor educación y paz social, todo lo cual generará más crecimiento económico y mayor bienestar social.

Ese círculo virtuoso basado en el Estado de derecho no es utópico, aunque ahora nos lo parezca. No sólo diversos estudios, sino que también experiencias concretas de otros países (como Colombia) demuestran que la debilidad del sector seguridad y justicia sí tiene soluciones conocidas y que las democracias pueden aplicar las medidas más eficaces que respeten y refuercen el Estado de derecho. Esas soluciones pasan por no descuidar las acciones de prevención del crimen, a la vez que se refuerza la función coercitiva del Estado y, sobre todo, requieren de un diagnóstico inteligente, de una voluntad política verdadera y de un sistema integrado para ejecutar acciones de corto y largo plazos, como el que está contemplado en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad que, inexplicablemente, parece estar dormida en los anaqueles de los funcionarios.

¿Por qué no invierte Martín Vega?

En seguimiento a la conversación con Eduardo Mayora, respecto del esquivo balance entre Estado y Mercado, esta semana me ayudo del Martín Vega, el personaje hipotético creado por Eduardo, para profundizar en las razones por las cuales la participación del Estado es necesaria para proveer los bienes públicos básicos (seguridad, educación básica, infraestructura) que un inversionista requiere para poner en riesgo sus recursos en un proyecto productivo. La participación del Estado, sin embargo, debe estar limitada para no imponer cargas indebidas que desincentiven el emprendimiento productivo. Encontrar ese balance es, precisamente, el delicado ejercicio que todo gobierno debe realizar, bajo la vigilancia y exigencia de la ciudadanía.

Opinión

¿Por qué no invierte Martín Vega?

Las decisiones de inversión están determinadas por los rendimientos que se espera recibir de la inversión.

El jueves anterior, en estas páginas de opinión, Eduardo Mayora continuó comentando mi planteamiento de hace algunas semanas sobre la búsqueda del esquivo equilibrio que debe buscar el Estado para decidir cuándo, cómo y cuánto intervenir en el mercado y en las decisiones económicas individuales. Eduardo expresó interesantes puntos de vista respecto de los costos que la indebida regulación gubernamental impone a la actividad económica y que inhiben al hipotético inversionistaMartín Vega de convertirse en empresario. El ejemplo que plantea Eduardo es oportuno para atender su invitación a seguir conversando sobre el tema, precisamente porque las decisiones de inversión resultan muy ilustrativas para aquilatar los efectos que tanto el exceso como la falta de intervención estatal pueden tener sobre el desempeño de la economía. Las decisiones de inversión están determinadas, en primer término, por los rendimientos que se espera recibir de la inversión: el inversionista decidirá invertir siempre que su inversión prometa generar una tasa de rendimiento superior a la tasa de interés imperante en el mercado. El Gobierno puede influir, positiva o negativamente, en la tasa de rendimiento esperada: un nivel muy alto de impuestos sobre las utilidades, o unos costos muy altos ocasionados por excesos de regulación estatal pueden desalentar la inversión. Pero también la pueden desincentivar los excesivos costos generados por la inseguridad pública, la escasez de vías de comunicación o la falta de mano de obra calificada. El primer tipo de costos refleja un exceso de intervención gubernamental. El segundo tipo, por el contrario, refleja una insuficiencia de bienes públicos que el Estado esta llamado a ofrecer. Existen otros factores determinantes de la inversión, tales como las habilidades empresariales de los ciudadanos, el marco legal e institucional del país, el grado de certeza jurídica imperante o el grado de conflictividad social existente, todos ellos relacionados con el funcionamiento eficiente del Estado y sus instituciones. Muchos de los componentes del llamado “riesgo-país”, que a fin de cuentas inciden sobre los niveles de tasa de interés y sobre las decisiones de inversión de cualquier Martín Vega, tienen que ver con la existencia de un Estado que —independientemente de su tamaño— sea capaz de ofrecer eficientemente los bienes públicos esenciales requeridos por los inversionistas. La compleja labor de encontrar el balance más adecuado entre Estado y mercado pasa inevitablemente por realizar consideraciones subjetivas respecto de si la eficiencia económica, en un momento y situación determinados, se ve más obstaculizada por el exceso de cargas que impone la intervención del Estado o si lo es más por la ausencia de seguridad, infraestructura, educación o cualquier otro bien público provisto por el Estado. Es muy probable que en las naciones civilizadas con economías desarrolladas, donde se da por sentado que el Estado provee razonablemente de seguridad, administración de justicia, educación pública y seguridad social, prevalezca el criterio de que una disminución de la intervención del Gobierno puede incentivar la inversión y el crecimiento económico. En cambio, es más difícil sostener ese punto de vista en un lugar donde el Estado, enano e ineficiente, no tiene capacidad de prestar los servicios que cualquier inversionista reclama como mínimos para poner en riesgo sus recursos financieros. El debate ideológico entre quienes sostienen que el Estado es el origen de toda ineficiencia económica y aquellos convencidos de que, por el contrario, el poder planificador y redistribuidor del Estado es la solución de la pobreza, es siempre un tema apasionante en la academia. Para las políticas públicas, sin embargo, es quizá más relevante enfocarse en la toma de decisiones pragmáticas que ubiquen al Gobierno en su justa dimensión y favorezcan el funcionamiento pleno del mercado como el principal mecanismo para el logro del bienestar material de la población. OPINIÓN DE LOS LECTORES JOSUE AUGUSTO PEREZ FIGUEROA 15-06-2010 06:47:54 horas El Estado no debe de intervenir pero si debe de la infraestructura. Pongamos de acuerdo: ¿La infraestructura es intervencion del Estado en la economia?. Si o No. No deben de haber medias verdades.Por ultimo ¿debe haber seguridad para las inversiones? y para el ciudadano ¿que?Es este tipo de hipocresias la que nos diferencia.NUEVA GUATEMALA DE LA ASUNCION Eduardo Mayora 15-06-2010 20:32:11 horas Estamos de acuerdo, Mario. Ya conversaremos de nuevo.

Estado y Mercado, Reloaded

El jueves pasado en Siglo XXI mi estimado colega (porque es columnista) y no-colega (porque es abogado, y muy bueno), Eduardo Mayora, continuó comentando mi columna de hace un par de semanas sobre el esquivo balance mercado-estado. Comparto con ustedes la nota de Guayo, y anticipo que, atendiendo a su invitación de seguir discutiendo sobre el tema, en una próxima entrega comentaré sobre la misma.

Guatemala, Jueves 10 de Junio de 2010

Opinión El balance Estado-mercado (II) Cuando la economía crece..., cabe la posibilidad de considerar la promulgación de regulaciones que pueden absorberse. Eduardo Mayora Alvarado emayora@sigloxxi.com A mis comentarios del jueves pasado, Mario García Lara, después de agradecérmelos, hizo los siguientes: ”El Estado existe, eso es un dato. Un punto que quise resaltar en mi columna es que su intervención en la economía debe darse solamente si está justificada desde el punto de vista de la eficiencia y la sostenibilidad. Martín Vega, como ciudadano, debe exigirle al Estado tal justificación; y como empresario debe tomar en cuenta los costos que la regulación estatal entraña. Su otra opción es irse a otra galaxia, donde el Estado no exista.” No puedo dejar pasar la ocasión de conversar, por este medio, con Mario. Es muy probable que estemos en desacuerdo en algunas cosas, pero sé que compartimos otras y, sobre todo, creo que para los lectores de este diario es de interés que intente continuar este intercambio. Si así le pareciera a Mario, todavía mejor. Creo que sus observaciones implican, por lo menos, un par de cosas: una, que las personas no tienen más opción que enfocar su vida a partir de una realidad inamovible: el Estado; otra, que la existencia humana presupone un cierto nivel de regulación estatal mínimo, pase lo que pase. Empero, la realidad nos demuestra que el Estado depende de las personas y no al revés. En el contexto de nuestro intercambio de ideas, son millones los guatemaltecos que viven en el ámbito de la economía informal. Unos parcial, otros totalmente. Los funcionarios que dirigen los poderes del Estado hacen los esfuerzos que pueden para que, por ejemplo, todos los empleadores paguen por lo menos el salario mínimo, cubran la totalidad de las prestaciones legisladas y contribuyan a la seguridad social; sin embargo, la mayoría de empleadores de Guatemala no procede así. Ignoran al Estado. Es probable que algunos de esos empleadores hayan decidido operar en la informalidad, simplemente, por principio. Serán, seguramente, una pequeñísima porción. La mayoría desarrolla su actividad empresarial en la economía subterránea, sencillamente, porque la formalidad es demasiado cara para ellas. Sin irse a otra galaxia, opta por no cubrir su coste. Martín Vega, mi personaje imaginario, descarta el lanzar su fábrica de chunches, quedándose en el empleo que tiene. Los funcionarios que dirigen los poderes del Estado pueden promulgar legislación, emitir reglamentos o implementar las políticas públicas que quisieran, pero eso no significa que serán cumplidas u observadas por la generalidad de los habitantes; ni siquiera por la mayoría. Los costes de las regulaciones estatales, suponiendo que se justifiquen de acuerdo con criterios como los que Mario describía en su artículo del martes antepasado, tienen que adecuarse a la realidad, so pena de que vastos sectores de la sociedad ignoren dichas regulaciones y operen en la informalidad económica. Es, pues, el marco regulatorio el que debe acoplarse a la realidad y no al revés. Por último, tanto esa realidad como dicho marco regulatorio son cambiantes. Cuando la economía crece y los ingresos de la generalidad de los habitantes del país mejoran, cabe la posibilidad de considerar la promulgación de regulaciones económicas que, en ese caso, pueden absorberse y además con fruto. Pero no debe olvidarse que los Martín Vega de este mundo, siempre harán sus estimaciones.

La Era del Futbol

En pleno ambiente mundialista, vale la pena reflexionar sobre el futbol como una de las señas de identidad del globalizado mundo de hoy. Hace pocos días la selección de Sudáfrica goleó 5 a 0 a la selección guatemalteca. Y no fue casualidad. Sucede que la forma en que se manejan las instituciones públicas en Sudáfrca es, digamos, cinco veces mejor que la manera en que se hace en Guatemala. Y no sólo me refiero al futbol. De modo que, mientras que en Sudáfrica estarán gozando de la fiesta más grande del deporte mundial, nosotros nos tendremos que resignar a verla por la televisión y elegir nuestro equipo favorito para darle emoción al espectáculo. Qué remedio. Yo le voy a España, y espero que "El Niño" Torres se vuelva adolescente a fuerza de meter goles. ¡Salud!

Opinión

La era del futbol
Para que nuestro país no se quede excluido de la era del futbol, los dirigentes deberán tomárselo más en serio.

Es lo más importante entre las cosas menos importantes, según el ex jugador argentino Jorge Valdano. Y, si no siempre, al menos durante los próximos treinta y tantos días habrá que estar de acuerdo con él. La Copa Mundial de la FIFA, el mayor espectáculo sobre la tierra que se inaugura el próximo viernes, mantendrá a las multitudes expectantes frente a la televisión, la computadora o la radio.
El futbol es el fenómeno multifacético de nuestra era. Tiene, para empezar, facetas económicas gigantescas. Sólo la Copa Mundial representará para la FIFA (con todos sus poderes monopólicos sobre el evento) ingresos por un monto cercano a la increíble suma de dos millardos de dólares, de los cuales la FIFA —tan generosa ella— pagará a los clubes (los verdaderos patronos de los jugadores) unos dos mil dólares diarios por cada jugador mundialista, como compensación por su aporte al torneo. Poca cosa si se compara con los ingresos de algunos jugadores que se codean en las revistas del corazón con las estrellas de cine y con la realeza.
El futbol es también un fenómeno globalizador. La Copa Mundial será seguida con interés en los cinco continentes, donde paralizará muchas actividades rutinarias, pese a la resistencia de algunos intelectuales, la exasperación de muchas amas de casa y la indiferencia de millones de estadounidenses e indios (¡allá ellos!). El futbol es epítome de la mundialización: ningún seleccionado de Nigeria, un solo marfileño y apenas dos uruguayos juegan en clubes de sus propios países. La Liga Premier inglesa es el programa televisivo más visto en el continente africano.
El futbol tiene, asimismo, un cierto sabor democrático. Allí, la superpotencia no es el país más rico (Estados Unidos), sino el más alegre (Brasil), y los países europeos en crisis económica (España, Italia y Francia) son favoritos para alzar la Copa (aunque al final, como también dijo Valdano, siempre gane Alemania), pues para triunfar en futbol no basta con tener dinero —y con él mejores atletas— sino también se requiere de estilo, creatividad e inspiración.
Por eso el futbol es, además, un fenómeno cultural capaz de influir sobre la transformación y el progreso social, tal como lo atestigua la misma República de Sudáfrica, anfitriona del torneo. Los nuevos estadios, aeropuertos y carreteras construidos para el evento han cambiado ya el paisaje sudafricano. Aunque no se sabe aún si la Copa Mundial hará más rica a Sudáfrica, no hay duda de que la hará más feliz, pues este país, con una sociedad históricamente fraccionada, ha encontrado en el futbol un importante factor de cohesión: los Bafana Bafana serán aclamados por el ensordecedor ruido de miles de vuvuzelas sopladas con igual emoción por aficionados negros, xhosas y zulús, blancos y colorados.
Mientras tanto en Guatemala nos conformaremos con vivir a la distancia esos ejemplos y esas emociones, sabiendo que el 5 a 0 que los sudafricanos le recetaron a nuestra selección es fiel reflejo de la manera diametralmente diferente en que ambos países aplican muchas de sus políticas públicas, incluyendo la política deportiva. Mientras que acá todavía hay proteccionistas que creen que el bajo nivel de nuestro futbol se debe al exceso de jugadores extranjeros en nuestra liga (cuando estos vienen simplemente porque son más abundantes y ofrecen una mejor relación calidad-precio), en Sudáfrica se ha invertido masivamente en el entrenamiento y educación deportiva en las escuelas, dotándolas de canchas y de entrenadores especializados en niños de entre 5 y 11 años (edades clave para adquirir la técnica futbolística).
Para que nuestro país no se quede excluido también de la era del futbol y pueda reducir la brecha que nos separa de Sudáfrica, los dirigentes del futbol federado y escolar deberán tomárselo más en serio como un negocio en el que todos ganemos (no como un camino fácil para “hacer negocios”) y como uno de los pocos mecanismos de verdadera cohesión social con el que pueden identificarse todos los guatemaltecos.

Otra vez, Estado y Mercado

Ayer en el diario Siglo XXI, el columnista Eduardo Mayora (abogado de altísimos quilates) dedicó su espacio a comentar mi columna de días atrás. A continuación comparto con los lectores mi breve mensaje para Eduardo, y luego transcribo su columna.

Mario García Lara 03-06-2010 19:40:26 horas
Gracias Guayo por tus comentarios y conceptos. El Estado existe, eso es un dato. Un punto que quise resaltar en mi columna es que su intervención en la economía debe darse solamente si está justificada desde el punto de vista de la eficiencia y la sostenibilidad. Martín Vega, como ciudadano, debe exigirle al Estado tal justificación; y como empresario debe tomar en cuenta los costos que la regulación estatal entraña. Su otra opción es irse a otra galaxia, donde el Estado no exista. Un abrazo.

Opinión

Sobre el “balance Estado-mercado”
Hace unos días, Mario García Lara nos ofrecía en estas páginas ciertas reflexiones sobre este tema.
Eduardo Mayora Alvarado emayora@sigloxxi.com

Hace unos días, Mario García Lara nos ofrecía en estas páginas ciertas reflexiones, como es su costumbre, serenas y bien sustentadas, sobre este tema del “balance Estado-mercado”. Creo que el análisis de Mario es, por así decirlo, el acostumbrado actualmente en cuanto a este tópico: es de tipo “macro”. Quiero decir que se refiere a una serie de aspectos que, como el problema de las externalidades o el de los bienes públicos, se estiman justificativos de la intervención del Estado en la vida económica.
No soy de los que rechazan de tajo ese tipo de análisis. Creo, más bien por el contrario, que es útil para comprender ciertos problemas económicos y también jurídicos. Sin embargo, estoy convencido de que es una perspectiva incompleta de la realidad y, en esa medida y paradójicamente, también inútil para entender a fondo las cosas como son.
A ver si me explico. Pensemos en un imaginario Martín Vega que, a fuerza de ahorrar, de algo que ha heredado de sus padres y de un crédito que le ha ofrecido una financiera, en condiciones en principio razonables, se plantea la posibilidad de iniciar un negocio. Es decir, Martín se plantea dejar atrás su trabajo asalariado, estable y no mal pagado en una empresa más bien grande y bien establecida, para convertirse en inversor-empresario fabricante de chunches (un nuevo producto cuya demanda Martín piensa que va en pleno ascenso).
¿Qué hace Martín ante ese dilema o encrucijada en su vida? Pues, claro está, se sienta un sábado por la tarde a hacer cálculos, beber café, considerar sus opciones, pensar en los riesgos, beber más café y a hacer más cálculos. Después de 5 ó 6 horas, Martín llega a la siguiente conclusión: “—verificaré con un par de asesores la validez de las premisas que he tomado como base para determinar los costos de organizar mi fábrica de chunches y la exactitud de mis cálculos. Si fueren confirmados, me lanzaré al negocio pues, aun siendo conservador al estimar el precio al que podría mercadear los chunches, las ganancias proyectadas me convienen y convencen a dejar mi empleo, a arriesgar mi pequeño capital, y a asumir la deuda del crédito que me ofrecen”. La clave está, pues, en las ganancias que a Martín le impulsarían a todo eso.
Es así que Martín va y consulta a dos asesores expertos sobre el particular. Recibida la opinión de los expertos, ya todos sabemos el desenlace de esta historia imaginaria: si sus premisas sobre los costos para lanzar su fábrica de chunches se validan, se lanzará a la nueva empresa; de lo contrario, seguirá en su empleo.
Es obvio que uno de los costos importantes —no el único— es el que imponen las leyes y regulaciones laborales, fiscales, ambientales, de seguridad social, de seguridad industrial, de protección al consumidor, del régimen aduanero, de la supervisión bancaria, etcétera. Si la suma de todos esos costos redujera las ganancias esperadas de Martín por debajo del mínimo que lo incitaría a lanzar la fábrica de chunches, ¿qué cree usted, lo haría cambiar de opinión el artículo de Mario? Con todo y que es un artículo impecable, yo creo que no. Adiós fábrica…

Opinión de los Lectores

Henry M. Galvan 03-06-2010 08:46:00 horas
Y que tal si enfrenta a empresarios monopolistas, Adiós emprendimiento ...

Carlos Lopez 03-06-2010 10:36:07 horas
Esta columna parece escrita por un alumno de quinto bachillerato. En todo caso, no responde a lo que el titulo de la misma indica y finalmente, para rematar, le digo: Las leyes y regulaciones que ud dice que elevan los costos son sencillamente para garantizar mejores estandares de vida. No son leyes caprichosas o tontas. Pero ud nunca ha estado del lado del trabajador, solo del explotador. Por eso es que muchos castraditos intelectualmente no cachan la idea de lo que es en realidad la economía

José Antonio Montes 03-06-2010 11:54:08 horas
De eso se trata exactamente, el que no arriesga no gana.

Eduardo Mayora Alvarado 03-06-2010 16:28:20 horas
Señor López, ¿Por qué no intenta rebatir mis argumentos con argumentos, en lugar de proferir ofensas? ¿O es que acaso carece usted de argumentos?

ESTADO Y MERCADO: EL ESQUIVO BALANCE

Nuestra sociedad, intelectualmente, parece vivir todavía en 1975, pues el debate ideológico "sexy" todavía oscila entre quienes sostienen que el Estado debería reducirse a su mínima expresión y quienes aspiran a que, por el contrario, la propiedad privada se limite a la posesión de la ropa interior. Es como si no hubiesen existido las claras lecciones que, desde el punto de los sistemas economicos y políticos, nos ha dejado la evolución del mundo desde finales de los años 1980s. ¡Pilas! Si queremos que Guatemala progrese, habrá que ponerse más pragmáticos y tratar de dilucidar cuál debe ser el justo balance entre Estado y Mercado, ello con base en razones objetivas y no con base en percepciones ideológicas e ideas preconcebidas...

Opinión
Estado y mercado: El esquivo balance
La verdad, como es habitual, tiende a estar entre los dos extremos.

Con la crisis financiera internacional desatada por el colapso Lehman Brothers en 2008, los activistas sobrevivientes del difunto socialismo real sintieron una bocanada de oxígeno que los animó a proclamar el final del capitalismo. Hoy día, con similar entusiasmo y alentados por la crisis de la deuda soberana de los países del Mediterráneo europeo, los golpeados campeones del fundamentalismo de mercado salen a pregonar el fracaso definitivo del intervencionismo estatal. La verdad, como es habitual, tiende a estar entre los dos extremos.
El manido eslogan de “el Gobierno no es la solución, sino el problema” quedó desvirtuado por la oportuna, masiva y relativamente efectiva intervención expansiva de los gobiernos de los principales países industrializados que, durante 2008 y 2009, impidió el colapso de la economía mundial. Sin embargo, algunos de estos gobiernos no lograron reconocer que su intervención en los procesos económicos debió limitarse al objetivo de permitir que el mercado, la competencia y la libre disposición de los bienes volviesen a cumplir con el rol de eficientes asignadores de recursos y promotores de prosperidad. Así, países como Grecia, Portugal y España se embarcaron en un peligroso aumento de su deuda pública que los ha llevado al borde del colapso económico.
Lejos de esas actitudes extremas, es menester reconocer que el mecanismo del mercado sigue siendo el modo más eficaz para procurar el bienestar material de las personas. Parafraseando a Churchill: el sistema de libre mercado es el peor instrumento que existe para generar eficiencia y prosperidad, excepto por todos los demás sistemas conocidos hasta ahora.
Con esto en mente, los gobiernos deben enfocarse en reconocer las situaciones excepcionales en las cuales están llamados a intervenir en la vida económica de un país. Por ejemplo, el caso de la regulación antimonopolio es, evidentemente, una responsabilidad de cualquier gobierno que se precie de favorecer el libre mercado, ya que la fuerza motriz de toda participación de los oferentes de bienes en el mercado es el afán de lucro, y es precisamente la competencia la que obliga a los oferentes a emplear los factores de producción buscando la mayor eficiencia económica.
Otras áreas en las cuales el mercado tiene fallas que justifican la acción del Gobierno tienen que ver con las llamadas “externalidades”, que representan los costos o beneficios por los cuales aquel que los genera no paga directamente, tal el caso de la contaminación ocasionada por ciertas actividades productivas. También el caso de los productos o servicios conocidos como “bienes públicos”, por los cuales no puede cobrarse un precio específico a cada ciudadano, tal el caso de los servicios de defensa nacional, o los que prestan las carreteras y parques públicos.
Los gobiernos también deben preocuparse por la equidad en el acceso a los medios de producción (lo que los gringos llaman “nivelar el terreno de juego”), a fin de propiciar la paz social que se vería amenazada si la distribución del bienestar económico es percibida como desequilibrada o injusta por la mayoría de la población, para lo cual la intervención del Estado implica políticas por el lado de los ingresos tributarios o por el lado del gasto público.
La principal dificultad que hoy, como siempre, enfrentan los gobiernos, es la de encontrar ese esquivo balance entre el funcionamiento libre del mercado y la excepcional, pero necesaria, intervención estatal. Las acciones e intervenciones del Estado sólo se justifican cuando suplen o robustecen a las acciones que emprende cada individuo. Ello implica la existencia de un gobierno compacto, es decir, fuerte, eficiente y relativamente pequeño, que vele permanentemente porque en la provisión de bienes públicos y en la aplicación de políticas de mantenimiento de la paz social se mantenga una relación equilibrada entre el fin y los medios, de manera que se evite el despilfarro de los escasos recursos fiscales.

Opinión de los Lectores

Antonio Morales 01-06-2010 19:27:51 horas
Lic. García: Los anarquistas del libre mercado siempre han dicho que "el estado no es la solución". Los marxistas (todavía hay un motón vivitos y coleando) dicen todo lo contrario. Mientras Guatemala siga polarizada entre los dos extremos, nunca tendremos políticas de gobierno que logren el equilibrio que usted señala. ¿no le parece?