domingo, 26 de julio de 2009

¿EXISTE ALGUNA SOLUCIÓN A LA VIOLENCIA?

La violencia en Guatemala continúa fuera de control. Tanto que hasta en el propio Congreso los diputados se dan de empujones, se ofrecen puñetazos y se lanza agua como a gatas en celo. Mientras tanto, existe una agenda legislativa pendiente de aprobar y que apunta a mejorar la institucionalidad pra el combate de la delincuencia. Al mismo tiempo, existe una Ley Marco de Seguridad que da las directrices para construir una política coherente de seguridad, pero el Ejecutivo parece no estar enterado de dichos mandatos legales. Estamos, pues, fritos. He aquí la columna que publiqué al respecto el martes pasado.

§ POLÍTICAS PÚBLICAS

¿EXISTE ALGUNA SOLUCIÓN A LA VIOLENCIA?

Los frecuentes cambios que se producen en la cartera de Gobernación ponen en evidencia cuán difícil es el combate contra la inseguridad y la corrupción en una sociedad como la nuestra, carcomida por las actividades ilícitas, la pérdida de valores y la cultura de la violencia. Tan carcomida que la semana pasada el propio Congreso de la República fue escenario de una escena de pugilato y lanzamiento de agua entre un grupito de diputados, que tuvo como observadores a algunos embajadores extranjeros que debieron pagar con sentir vergüenza ajena por haber asistido a una fiesta a la que no fueron invitados.

El tema de seguridad es complejo, pero no tanto como para tener que esperar a que surjan soluciones mágicas ni como para pretender inventar el agua azucarada. Aunque no se den resultados inmediatos, la problemática de inseguridad debe comenzar a solucionarse mediante el cumplimiento del marco legal vigente, empezando por la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad que establece con claridad dicho sistema para dar coherencia y coordinación al funcionamiento de las instituciones, políticas y controles en materia de seguridad, creando para ello el Consejo Nacional de Seguridad, entidad permanente y máxima autoridad del Sistema. Dicho Consejo, bajo la dirección del Presidente de la República, debería haberse constituido desde hace varios meses en el instrumento básico para impulsar la estrategia nacional de seguridad siguiendo todos los lineamientos de la referida Ley Marco.

Un segundo paso debería ser analizar qué soluciones inteligentes han dado resultado en otras latitudes. Por ejemplo, algunas políticas locales han resultado exitosas, tal el caso de Bogotá donde, a partir de 1994 empezaron a aplicarse una serie de programas de concienciación ciudadana, despistolización voluntaria, mantenimiento de edificios y atención a barriadas, que permitieron reducir notablemente los índices de violencia y que fueron ejecutadas de manera continua por varios alcaldes, dándoles así la necesaria sostenibilidad y fortaleciendo el consenso respecto de su conveniencia. Otro esfuerzo local exitoso fue el de Sao Paulo, Brasil, donde la tasa de homicidios se redujo en 29% entre 1999 y 2004, luego de aplicar un sistema de información policial, bolsas de trabajo en áreas rojas y mejoras al transporte público.

Otra serie de medidas goza ya, desde hace bastante tiempo, del consenso de expertos nacionales e internacionales, incluyendo la CICIG, y pasan por la institucionalización de una entidad de inteligencia civil eficaz y respetuosa de la ley, la modernización y transparencia de las fuerzas de seguridad, la ampliación de la capacidad policial, la promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana en los planes y programas de seguridad, y la cooperación e intercambio de información con las autoridades de países de la región.

Lo más importante en estos momentos es no perder la moral y trabajar arduamente, cada quien en lo que le corresponda, en el combate a la violencia, con una visión de largo plazo que necesariamente incluye la modernización de la legislación en la materia, cuya agenda ya está en gran parte preparada y esperando aprobación en el Congreso; si tan solo le dieran la misma prioridad que al pugilato y al lanzamiento de agua…

Opinión del lector
José Luis Franco Castañeda - Guatemala 07/21/09
La solución está cuando el Pueblo es
tablesca su Gobierno y dirija su propio
destino. Castresana es una burla a la -
voluntad del Pueblo y un atropello a nu
estra Soberanía. Raúl Velásquez llegó -
con todas las de la Ley. se reunió con-
el Embajador Yankee Stephen Mcfarland,
porque tiene planes enclavar en nuestro
Territorio una Oficina del (FBI) "FEDE
RAL BURO OF INVESTIGATION", (Buró Fede-
ral de investigación). Pero no se preo-
cupen dijo el Gringo; la Oficina estará
adentro de la Embajada para no violar -
la Soberanía de los Inditos Mayas. Tri-
nidad está atrincherado en Belice; dese
sperado porque entreguen Nuestro Terri-
torio. Guatemala es un País ocupado por
Organismos Internacionales y Fuerzas Me
rcenarias. Si no tomamos las Armas y Lu
chamos para ser Libres; de aquí a poco-
tiempo los Gringos llevarán a tus Nie--
tos amarrados con Cadenas a trabajar en
las Maquilas. El VicePresidente Don Ra-
faél Espada sospecha que esta acción po
dría violar Nuestra Soberanía. Este Mer
cenario Agente de la CIA es mejor que -
se regrese para Houston. Ya viene el --
AMERO, y en poco tiempo el Dollar te se
rvirá para limpiarte las narices. La A-
lianza de los Estados Unidos México y -
Canadá para apoyarse en el Amero son te
stimonio feaciente que los Gringos se -
seguirán limpiando el trasero con Améri
ca Latina. Ahora nos toca a los Centroa
mericanos comstruír un muro en el Suchi
ate para que no pasen. Ya basta! Los -
Guatemaltecos tenemos que unirnos al fr
ente de Lucha. A la Comunidad Internaci
onal, a los Pueblos del Mundo les hace
mos Saber: Si este Gobierno inmoral de-
Alvaro Colom entrega Belice; lo rescata
remos por medio de las Armas. Patria o
Muerte! Venceremos!!!
"FRENTE GUATEMALTECO DE UNIDAD
NACIONAL" ave.franco@yahoo.com

Pepe (después de que ganó el Barsa) Recinos - Guatemala
En la visión a largo plazo, como parte de la solución (gran parte) debe contemplarse el Control Natal a las EN EXCESO prolíficas clases bajas, ya que está comprobadísimo que ellas aportan más del 90% de los crímenes por razones de necesidad, incluyendo la imperante necesidad de DARLE DE COMER A SUS NUMEROSÍSIMAS CRÍAS. Y si duda, ellas aportan la materia prima para incrementar los niños y niñas de la calle, que terminan prostituyéndose y delinquiendo a granel, y a los adolescentes sin esperanza que engrosan a diario las ya cienmileras pandillas de extorsionadores y asesinos. Equivale a quitarle el agua al pez. Pero ningún político quiere comprometerse en algo TAN LÓGICO.
Por otra parte, urge abolir el artículo 145 constitucional que hace creer con derecho a venir a esconderse a nuestro país a tanto asesino, ladrón, secuestrador o pandillero del resto de países centroamericanos; ¿nos hemos preguntado qué porcentaje de crimen importamos de esta forma?; y complementariamente, poner a trabajar a la Migra chapina para salir de toda esa mugre. Mientras tanto, Ortega, Zelaya-Micheletti y Funes, ya saben que cuando aprietan la presión contra sus propios delincuentes, la criminalidad les disminuye porque tales bichos tienen la inmediata posibilidad de ¡irse a Guatemala¡. Y nosotros, aquí, con cara de verdaderos tontos, aguantando esa gruesa importación de criminales. Muy seguido vemos cómo la PNC le echa el guante a muchos de ellos.....

viernes, 24 de julio de 2009

Publicaciones Sugeridas

Amigos míos seguidores de lo lúgubre:
esta semana han salido publicados dos artículos de mi autoría en sendas revistas, razón por la cual me veo en la obligación -para conmigo mismo- de recomendarles su lectura y les doy las referencias a continuación.

1) “PLANES ANTI-CRISIS: UN ASUNTO DE CONFIANZA”; Revista Gerencia, No. 462; Guatemala, julio de 2009: esta colaboración mía se enmarca en la temática de la revista Gerencia sobre las perspectivas económicas para Centroamérica y en ella comento que los planes anti-crisis, antes de plantear grandiosos e inalcanzables objetivos de reactivación, deberían enfocarse en preservar nuestras fortalezas (que las tenemos) y no arruinar las cosas para cuando venga la recuperación (que, como la crisis, también vendrá de afuera).

2) “LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y LOS ACUERDOS DEL PLAN VISIÓN DE PAÍS” (co-autoría con Fernando Fernández); Revista Parlamentaria, Año I, Volumen I; Guatemala, junio de 2009: La Revista Parlamentaria es un esfuerzo interesante de un grupo llamado Legis, dentro del Congreso de la República, que pretende darle elementos de soporte académico e intelectual al quehacer del Legislativo (¡vaya reto!). En compañía del asesor legislativo Fernando Fernández escribimos este artículo (más bien ensayo académico) en donde enfatizamos cuán importante es la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, no sólo por sus orígenes en un consenso social, sino porque representa el único referente sistemático y bien estructurado con que cuenta el país para impulsar sus políticas de seguridad pública.

De manera que, si pueden conseguir las publicaciones antedichas, les recomiendo estos artículos y les agradezco de antemano cualqueir comentario, crítica o sugerencia.

jueves, 23 de julio de 2009

Edad de Jubilación

Me sorprende la ingenuidad de los grupos de presión que, acostumbrados como están a la protesta pública con la que obtiene imagen para recibir dinero de los donantes, se oponen a todo lo que suene a reforma "neoliberal", sin darse cuenta que muchas veces, al hacerlo, sólo precipitan o agravan las crisis para el beneplácito de quienes en verdad proponen agendas más radicales de reducción del Estado. Claro ejemplo de ello es el caso del programa de jubilación (Invalidez, Vejez y Sobrevivencia -IVS-) del IGSS, el cual debe ser ajustado en sus parámetros para prolongar su vida, lo cual implica la necesidad de elevar la edad de jubilación. Si tal ajuste no se hace, el programa puede entrar en una crisis cuya solución pondrá la disyuntiva entre dejarlo que colapse o aceptar su privatización. Por Dios: hay que saber a qué se opone uno, no vaya a ser que esté matando a la gallina de los huevos de oro. Aquí les va mi artículo...
§ POLÍTICAS PÚBLICAS

EDAD DE JUBILACIÓN

La intención del IGSS, anunciada recientemente, de aumentar la edad a la cual sus afiliados pueden jubilarse ha generado inquietudes y reacciones de parte de ciertos sectores de la sociedad civil organizada. La mayoría de tales reacciones se produce de buena fe, por lo que ameritan una explicación del porqué es necesario revisar la edad de jubilación. La idea original de la jubilación es que las personas puedan disfrutar con relativa tranquilidad los últimos años de su existencia, luego de una vida de trabajo; en la práctica lo que ha estado ocurriendo en la mayoría de países, es que esos últimos años se están extendiendo más allá de la veintena, lo que implica un enorme esfuerzo financiero para las entidades que administran los fondos provisionales.
Por ello muchos países han estado aumentando la edad de jubilación, mientras que otros están debatiendo incluso si debe existir tal edad límite y si convendría que se accediera a la jubilación de forma gradual (reduciendo paulatinamente las hora o días trabajados). Esta es una realidad mundial de la que, al parecer, algunas personas y grupos en Guatemala no conocen y se oponen mecánicamente a este tipo de ajustes que, técnicamente, resultan necesarios. Los sistemas de pensiones de reparto, como el guatemalteco, han sido viables hasta ahora solo porque, por razones demográficas, el número de contribuyentes es superior al de pensionados. Sin embargo, la transición demográfica hará que, inevitablemente, el número de trabajadores por jubilado caiga 8 (dato para 2005) a 3 (en 2050, aproximadamente).
Cabe reflexionar que el programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia del IGS no sólo es un pilar importante en la “red de protección” que ayuda a preservar la armonía social, sino que, desde el punto de vista macroeconómico, es una vertiente importante del ahorro nacional. Además, no hay que olvidar que el IVS es una institución estatal, por lo que cualquier daño a su sostenibilidad financiera puede tener eventualmente repercusiones fiscales. La reducción de la edad de pensionamiento, que con fundamentos poco serios se redujo a 60 años no hace mucho, amenaza la sanidad financiera del programa. Valuaciones actuariales del IGSS demuestran que, para preservar el equilibrio financiero del IVS, la edad mínima de jubilación debe ser de 65 años; de lo contrario, se pierde el delicado equilibrio que debe existir entre los ingresos (aportes patronales y laborales) y las obligaciones (pensiones presentes y futuras), con lo que se pone en alto riesgo la sostenibilidad del programa. Cabe recordar que las decisiones en cuanto a edad de jubilación se toman con base en estudios actuariales y no por razones políticas o de beneficencia. Por ello la Ley Orgánica del IGSS lo faculta a modificar las condiciones de los beneficios que otorga, aclarando explícitamente que estos no constituyen “derechos adquiridos”.Eso sí, las autoridades del IGSS deben procurar el respaldo público a esas reformas, para lo cual deberían, entro otras acciones, publicar los análisis actuariales que expliquen la magnitud del problema y los costos de la inacción, al tiempo de enfatizar que más vale una reforma moderada y gradual hoy, que una reforma brusca y radical cuando el programa esté al borde de la quiebra mañana.

Opinión del lector

JOSUE AUGUSTO PEREZ FIGUEROA - Guatemala
El programa IVS esta por colapasar el Gobierno y las Municipalidades y demas entidades desencratilzadas no pagan sus cuotas. Segun se saben deben miles de millones o talves millones de millones, a eso hay que agregar el sangrado que le hacen muchos exfuncionarios del IGSS que se recetan fabulosas pensiones, ademas de la imbecil decision de los trabajadores de eludir su propia contribucion en contubernio con los patronos. No comprender el alcance del programa del IGSS, por parte de los que trabajan en el IGSS y por parte de los que estamos fuera del IGSS, es caer en la desgracia: Viejos, sin hijos que amen a sus padres, una sociedad y juventud que detesta a los viejos y unos viejos que no supieron ahorrar para su vejez. son problemas sociales, no socialistas, que hay que resolver con agudeza politica porque todos nos oponemos a guardar para nuestra vejez pensando que no llegaremos a serlo y despreciando a los que superan los 60 anos de edad.En fin, no sabemos que nos conviene. Solo sabemos pedir cuando no tenemos pero estamos incapacitados para saber que es lo mejor. El pobre solo piensa para el momento y no quiere o no puede pensar ni siguiera para manana, mucho menos para un plazo de 40 anos, que acaso no los viva.La edad de 60 anos para jubilarse es un derecho laboral adquirido. Ya hay un fallo de la Corte de Constitucionalidad al respecto.NUEVA GUATEMALA DE LA ASUNCION

adolfo barrera Ortiz - guatemala
Todos aspiramos la estabilidad financiera de la seguridad social en Guatemala, en especial del fondo de pensiones. Siempre solo las crisis exacerban las emociones y las pasiones. En primer lugar estimo que el dilema de la edad de retiro, no es un asunto sólo matematico, tiene que ver con el clima laboral y la coyuntura. En Guatemala la edad es una maldición, no existen opciones de aprovechamiento de capacidades y vocaciones productivas, especialmente con la crisis de desempleo. Entonces los limites a las refomas, deben de considerar factores ciclicos. Este momento es el peor para considerar las reformas, quizá postergarlo cuando la economía y la generación de empleo hayan alcanzado su normalida. Pero además, deben de corregirse los grandes hoyos de corrupción, que es lo que más debilita los equilibrios financieros. En el IGSS los funcionarios de alto nivel se jubilan con las pensiones del último salario devengado, algunas veces significan hasta 50 salarios mínimos mensuales. A ello agreguemos el privilegio de excluir a los funcionarios de alto nivel del Estado de la obligación de contribuir al régimen del seguro social. Por eso Mario A. García Lara, si somos responsabales debemos de esforzarnos un poco más para reducir o eliminar todas las formas de inequidad social y el régimen de privilegios, si es que queremos hacer nuestro mejor esfuerzo por construir la democracia real real en Guatemala.ADOLFO BARRERA O.U22, 32,206

ROBERTO LOPEZ PORRAS - Guatemala
LA SEGURIDAD SOCIAL DE GUATEMALA. En países donde hay un endémico desempleo , la jubilaciópn temprana afecta negativamente al personal activo. La jubilación regularmente representa un cuarenta o menos por ciento del salario último o del promedio de salarios de los últimos cinco o diez años. Es un buen negocio para los trabajadores trabajar hasta los 65 años y tambien lo es para la entidad aseguradora en este caso el IGSS. Los Planes de Jubilación están calculados de acuerdo a parámetros que toman en cuenta la expectativas de vida, el envejecimiento de la sociedad en general, la rentabilidad del Fondo de Jubilaciones y la política laboral de la empresa o del país. En todo el mundo, la edad de contratación en promedio es de treinta y cinco años o menos, ello hace suponer que las empresas tienen una estructura laboral con un porcentaje mayor de gente joven trabajando, lo cual es favorable para los Planes de Jubilación. La seguridad social de Guatemala comparada con países Europeos donde la proporción de gente adulta es mayor que la de gente joven y donde la tasa de natalidad es negativa. Aquellas sociedades tienen una política de seguridad social muy diferente a la nuestra y tambien las cuotas son mucho más altas. En Estados Unidos el Seguro Social tiene una política flexible en cuanto a la edad de jubilarse y tambien en cuanto a las cuotas, con un mínimo de edad de 55 años y cuarenta semanas de trabajo, pero con una obligatoriedad de retirarase a los senta y cinco años, naturalmente que a menor tiempo de trabajo corresponde una menor jubilación. Técnicamente la decisión del IGSS de aumentar la edad de jubilación está dentro de los parámetros de previsión para mantener solvente el Fondo de Jubilaciones y garantizar sus obligaciones, asi el ajuste de la edad para jubilarse está justificado, pero tambien es justificado el ajuste de las cuotas las cuales deben tener relación legítima con las prestaciones que el Seguro otorga a sus afiliados. En general creo que el Seguro Social Guatemalteco debiera expandir su cobertura a más población y que abriera una ventana para que las empresas, con anuencia de su planta laboral y bajo una reglamentación básica financiera, puedan crear sus propios Fondos de Seguridad Social incluyendo los Planes de Jubilación, coordinados con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ello permitiría ampliar la cobertura a todo el país y a toda la población que trabaja en la economia formal e informal.

Luis Alfredo Aragón D. -
El enfoque de este artículo es muy interesante, porque le da una perspectiva diferente de lo que se acostumbra a conocer. Sin embargo no se toma en consideración mucho de lo que se ve mal, como el desfalco de 350 millones que nunca se recuperará, además de las ridículas sentencias a los responsables que han estado recobrando su libertad y la corrupción que tradicionalmente ha existido en el IGSS.Los políticos han considerado un botin poniendo a sus amigotes,agotando los recursos del fondo, principiando porque ni el poder ejecutivo ha pagado sus cuotas patronales y las laborales de los empleados, desde hace más de 4 décadas, al extremo que ahora se debate si los altos funcionarios debieran pagar sus contribuciones, sin excepción alguna. No es asunto solo de carácter actuarial. Nos olividamos del mal servicio, y que las pensiones no alcanzan para retirarse y vivir de ellas,hay que seguir trabajando. No existe un mercado que le permita al usuario a buscar opciones para retirarse, que no sea por el IGSS.

Marta J. Garcia - Guatemala
No es tan así. Primero, el gobierno de Cerezo descontroló a los programas del IGSS al aprobar el Decreto 78-89 (bonificación incentivo que no paga cuotas), con el cual dicho IGSS dejó de percibir 60% de sus ingresos anteriores; por tanto sería fácil fortalecer a éste, con la simple derogatoria de tan aberrante Ley, pero nadie le hace ánimo a una iniciativa de esa clase. Segundo, si los trabajadores se hubieran dejado, desde hace 11 años (1998) tuvieran el cambio gradual de edad hacia los 65, pero el tiempo les dió la razón al no dejarse amedrentar por un asustamiento con petate de muerto -estudio actuarial-: dijeron que ya por esta época, el IVS estaría en quiebra si no se aumentaba la edad y fue pura mentira. Tercero, los derechos de jubilarse a los 60 sí son "adquiridos" no solo porque así lo GARANTIZA la Constitución sino debido a la doctrina establecida en sentencia de la CC emitida contra la primera intentona de aumentar la edad; por lo cual tal aumento solo es válido PARA LOS NUEVOS TRABAJADORES que todavía no tienen esos derechos adquiridos. Quiere decir que si los del IGSS no dejan establecido un artículo que especifique que afecta solamente a los nuevos laborantes afiliados, no habrá forma leguleyesca o retórica de que logre convencer a la CC, porque no solo tiene sabios magistrados sino que fue creada precisamente para hacer que la Constitución SE RESPETE.

viernes, 17 de julio de 2009

El Disenso de Washington (y II)

Les dejo la segunda parte de mis reflexiones sobre el mito del "gran complot del Consenso de Washington en contra de los pueblos latinoamericanos". Sale...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
EL DISENSO DE WASHINGTON (y II)

Las diez reformas que componen el Consenso de Washington nunca fueron, en la práctica, aplicadas totalmente en ningún país latinoamericano, y Guatemala no fue la excepción. En la primera de ellas, la disciplina fiscal, nuestro país siempre ha mostrado (excepto en los años de Lucas) un aceptable récord de déficits moderados, aunque con un pobre desempeño en materia de recaudación y de capacidad de pago, lo que denota una debilidad estructural que sigue sin solucionarse, lo que implica que el Consenso de Washington solo se aplicó parcialmente en este campo.
La segunda reforma del Consenso se refiere a la focalización del gasto público en salud, educación e infraestructura; al respecto, el fisco sigue mostrando una alta concentración en gasto corriente, con tremendas limitaciones legales que rigidizan el manejo de los gastos y muy modestos avances en gasto social, lo que implica que el Consenso en este campo nunca se aplicó verdaderamente. La tercera reforma, la tributaria, tampoco sugiere que haya habido gran entusiasmo por aplicar el Consenso de Washington en nuestro país, pues luego de muchas reformas, se ven aún pocos resultados con una base tributaria muy restringida y un sistema de tasas complejo. La cuarta reforma, relativa a tasas de interés libres, fue de las pocas que se adoptó totalmente en la década de los noventas, si bien la reforma prudencial se pospuso algunos años y otras reformas (como la de microfinanzas) están aún pendientes.
Respecto a la quinta reforma sugerida por el Consenso de Washington, lograr un tipo de cambio competitivo, si bien en Guatemala se liberalizó el mercado cambiario, nunca se impulsó explícitamente una política de tipo de cambio competitivo. En cuanto a la liberalización del comercio exterior, la sexta reforma, en nuestro país se redujeron los aranceles prontamente, aunque con lentos avances en materia de tratados de libre comercio en los años noventa, por lo que podría afirmarse que sí se cumplió por el lado de las importaciones, aunque no tan claramente del lado de las exportaciones y del acceso a mercados. La séptima reforma del Consenso promulgaba la apertura a la inversión extranjera directa; en Guatemala se fue más allá al abrir temerariamente la cuenta de capital (antes de aprobar la reforma financiera prudencial) sin que, a fin de cuentas, aumentara la inversión extranjera directa porque hicieron falta incentivos en materia de trámites y de clima de negocios en general.La privatización de empresas estatales, la octava reforma del decálogo, se aplicó plenamente, aunque nuestro estado enano nunca tuvo realmente gran cosa que vender excepto la telefónica y la distribución eléctrica. En cuanto a la desregulación de mercados, la novena reforma, salvo en el sector financiero, no se distendieron las barreras al ingreso a los mercados ni se relajaron las barreras a la salida de los mercados. Finalmente, la reforma que urgía a fortalecer los derechos de propiedad tuvo algunos avances en materia de registro de la propiedad, pero persistió la informalidad y la ausencia de normas y procedimientos para hacer cumplir los derechos de los propietarios y de los acreedores. Pareciera que más que un exceso de Consenso de Washington, hubo en Guatemala (y en la mayor parte de Latinoamérica) una falsa aplicación del mismo.

Opinión del lector


Ramiro Enriquez - Guatemala
En mi caso yo tenia una linea telefónica propia registrada a mi nombre y el gobierno de Arzu se la vendio a Telgua y me quede sin nada.Esto es la privatización de empresas estatales, aqui en Guatemala se aplico plenamente. Vendieron hasta lo que no era de ellos.


ROBERTO LOPEZ PORRAS - Guatemala
EL DECALOGO DEL CONSENSO DE WASHINGTON, sigue teniendo vigencia, aunque hoy esté en contradicción con los llamados países alineados a la linea ideológica del Socialismo Chavista, que ven en dicho Consenso la mano del neoliberalismo, una palabra usada para sustituir al imperialismo que quedó desprestigiado. Debe entenderse que este Decálogo es solo una guia para los países democráticos y no para los países con tendencias dictatoriales que intentan repetir las experiencias fallidas del capitalismo de Estado y la economia regimentada del siglo pasado en Europa, Asia y América. Es sensato hablar de una disciplina fiscal, de la inversion en los ramos de salud, educación y en infra-estructura, de una política tributaria realista, la apertura del sector financiero hacia la liberalización de las tasas de interés, de las tasas de cambio, la apertura del comercio exterior, la inversión extranjera, la liberalizacion de los mercados, el fortalecimiento delñ Estado de derecho y los derechos de propíedad. En el caso de Guatemala, este Decálogo está dentro del marco Constitucional y es un buen programa tentativo de desarrollo, sin embargo, su aplicación depende mucho de la capacidad del Gobierno el orden político, economico, financiero y social para desaarrollarlo y requiere quizá varias décadas de esfuerzo persistente, pero cobra importancia por su potencialidad para alcanzar con realismo y lógica, el desarrollo económico y social de los países que lo usen, dentro de los principios democraticos.

domingo, 12 de julio de 2009

El Disenso de Washington (I)

Otro de los mitos de la cultura populista es el que define y entiende al llamado "Consenso de Washington" como una gran confabulación de las fuerza fascistas y ultraconservadoras del contienente americano para aplicar políticas públicas tendientes a mantener subyugadas a las grandes mayorías desposeídas y a mantener los grandes beneficios económicos de las perversas transnacionales estadounidenses. En esta entrega (y en la próxima) trato de desmitificar el Consenso, el cual me sigue pareciendo un planteamiento académico razonable que nunca llegó a aplicarse realmente en nuestros países. Ahí les va...

§ POLÍTICAS PÚBLICAS
EL DISENSO DE WASHINGTON (I)
El otro día un amigo abogado opinaba que la crisis económica internacional era una evidencia clara de que el conjunto de políticas llamado “Consenso de Washington” había sido un sonoro fracaso. Traté infructuosamente de explicarle cuán poco tenía que ver una cosa con la otra; al final, acordamos seguir profundizando sobre el tema y surgió la posibilidad de escribir una columna (que en realidad serán dos), donde pueda aclarar que el famoso Consenso no es lo que dicen que es, ni tuvo nunca los poderes extraordinarios que se le atribuyen para causar los efectos que dicen que causó.
En Consenso nació en 1989, cuando el Instituto para la Economía Internacional, con sede en Washington, convocó a una conferencia para economistas latinoamericanos, a quienes se les pasó un cuestionario (redactado por John Williamson) que resumiera el conjunto de medidas que haría falta aplicar en la Región para minimizar las crisis y acelerar el crecimiento económico. Una lista de medidas surgió de esa encuesta en forma de 10 reformas básicas que se bautizaron como “Consenso de Washington” (que es, pues, el resultado de un ejercicio académico, no de un complot internacional).
Las diez reformas eran (1) disciplina fiscal que evitara los grandes déficits que condujeron a las crisis cambiarias e inflacionarias de los ochenta; (2) focalización del gasto público hacia el crecimiento y el combate a la pobreza, lo que implicaba quitar subsidios sectoriales y priorizar gastos en salud, educación e infraestructura; (3) reforma tributaria que ampliara la base con tasas marginales moderadas; (4) liberalización de las tasas de interés (no hablaba de liberalización financiera); (5) tipo de cambio competitivo; (6) liberalización del comercio exterior; (7) apertura a la inversión extranjera (no del total de la cuenta capital de la balanza de pagos); (8) privatización de empresas estatales; (9) desregulación de los mercados (sin abolir normas pro-competencia); y, (10) fortalecimiento de los derechos de propiedad para incentivar la formalidad y el emprendedurismo.Se trataba, pues, de un consenso amplio (con excepción quizá de la medida 5) entre economistas latinoamericanos traumados por la llamada década perdida; el conjunto de reformas incluidas en la lista era coherente, pero obviamente incompleto: no mencionaba políticas anticíclicas, ni el combate a la pobreza o a la inequidad, y hacía abstracción de las realidades institucionales de los distintos países. No era, como erradamente suele afirmarse, un manifiesto “neoliberal” pues brillaban por su ausencia muchas de las recetas neoliberales como el monetarismo, las tasas tributarias bajas, la reducción del estado, o la libre movilidad de capitales. Un grave error cometido por diversos funcionarios gubernamentales y de organismos financieros internacionales fue atribuirle al Consenso un poder que estaba lejos de poseer, pues éste no fue formulado para convertirse en la “receta” mágica a seguir, ni pretendía ser el conjunto de “mejores prácticas” o de los diez mandamientos de la política económica. A lo sumo, era un mínimo común denominador de las políticas consideradas urgentes en la Latinoamérica de 1990 y que, en la práctica, nunca fue aplicado en su totalidad, como veremos en la siguiente entrega cuando toquemos el caso de Guatemala.

Opinión del lector

Alvaro Velásquez - guatemala
en efecto,asi ocurrió, pero luego este recetario cuyo fin era hacer un menu que atrajera tanto a liberales como conervadores en EE.UU, luego fue adoptado por el FMI, el BM y el Departamento del Tesoro, por lo que en el marco de la globalizacion y la urgente necesidad de movilidad de capitales, terminó imponiéndose en aquellos países con problemas macroeconómicos y como una condicion para acceder a creditos internacionales, y también para certificarles si estabane en la onda del libre mercado o del estatismo....

viernes, 10 de julio de 2009

¿Se salvará El Salvador?

Luego de una ausencia por vacaciones (los ecnomistas lúgubres también las merecemos), reanudo las entregas de este blog con la columna que publiqué en Siglo XXI el 23 de junio, relacionada con la situación económica en El Salvador que, a mi juicio, es bastante más grave de lo que los guatemaltecos creemos y que puede, por lo tanto, afectarnos en el futuro cercano. Hay que reconoceer que los salvadoreños han sido muy exitosos en vender la idea de que su economía está muy bien y de que han hecho un gran trabajo de reformas estructurales que los pone a la vanguardia de Centroamérica. Las cifras objetivas, sin embargo, no respaldan esa idea, no obstante lo cual el mito de que la economía salvadoreña es más fuerte y avanzada que la guatemalteca persiste en la opinión pública, tal como se puede apreciar en los comentarios que los respetables lectores hacen al final de mi columna. Ahí les va...
§ POLÍTICAS PÚBLICAS

¿SE SALVARÁ EL SALVADOR?

La calificación crediticia de El Salvador sufrió un duro revés la semana pasada cuando Fitch (una de las agencias calificadoras internacionales) no sólo la degradó sino que le dio una perspectiva negativa debido al deterioro e incertidumbre política y económica que manifiesta ese país. El impacto que sobre la economía salvadoreña está teniendo la recesión de los Estados Unidos en mucho mayor que el que se produce sobre Guatemala, no sólo en razón de la reducción de los flujos de capital, de las remesas familiares y de las exportaciones, sino también en razón de la rigidez que entraña una economía oficialmente dolarizada.
Los apuros por los que atraviesa El Salvador son similares a los que enfrentó Argentina a principios de esta década o a los que ahora mismo enfrentan países con tipo de cambio fijo, como Letonia: una recesión (el PIB salvadoreño caerá más de 2.5% este año) generada por un shock internacional, una brusca caída de los flujos de capital hacia el país, y un aumento acelerado del déficit fiscal, de la deuda y del déficit externo. La receta usual para enfrentar este tipo de crisis es una depreciación real del tipo de cambio que restaure rápidamente la competitividad del país; sin embargo, El Salvador no puede hacer uso de tal herramienta porque no tiene moneda qué devaluar y, por ende, la solución sólo puede darse mediante un doloroso ajuste de precios relativos vía una deflación y una caída en los salarios nominales, lo cual implica exacerbar la recesión y empeorar la pobreza.
También las autoridades salvadoreñas deberán adoptar medidas drásticas de recorte del gasto público y de aumento de ingresos tributarios si pretenden reducir el déficit fiscal que rebasará el equivalente al 5% del PIB. Pero ambos tipos de medida son políticamente complejos, particularmente para un gobierno nuevo y sin clara mayoría parlamentaria, debilidades éstas que también dificultarán la aprobación parlamentaria de los cuantiosos préstamos externos que resultan imprescindibles para que la dolarizada economía sobreviva a la sequía de flujos de capital externo.
Claro está que los gobernantes vecinos podrían volver a considerar la posibilidad (como a principios de la campaña electoral) de abandonar la dolarización, pero tal medida tampoco sería fácil ni, mucho menos, indolora. Volver a una moneda nacional (como el Colón) implicaría una reforma institucional prolongada, un riesgo de pérdida de credibilidad internacional (con una reducción mayor de flujos de capital) y, seguramente, una devaluación real que trastornaría los balances de empresas e individuos, muchos de los cuales estarían en incapacidad de pagar sus deudas en dólares, golpeando así al sistema financiero salvadoreño y, posiblemente, al de sus vecinos.La encrucijada económica de El Salvador es una amenaza externa adicional para la economía guatemalteca que debería hacernos reflexionar sobre la necesidad de alcanzar acuerdos internos, reducir la confrontación y enfrentar las amenazas externas utilizando nuestras fortalezas (que las tenemos) en un esfuerzo común. A El Salvador solo puede salvarlo la asistencia financiera extranjera, la austeridad fiscal extrema (por impopular que sea) o algún otro milagro que restaure su credibilidad en el exterior y les permita recuperar el crecimiento económico.

Opinión del lector


Pepe Recinos - Guatemala
No viene el lobo. Es mentira. El Salvador solamente tiene que limitar su presupuesto a lo que percibirá y meter medidas drásticas para lograrlo. Su economía es envidiable, supera ampliamente en PIB per cápita a la economía nuestra y está prácticamente en el lugar 100 del IDH, muy lejos del sótano donde está Guatemala (121) y demás países centroafricanos. Además no hay de qué preocuparse cuando la economía de USA, de la que depende E.S., está en RECUPERACIÓN.


Julio Calderon - EE.UU.
Correcto, al igual que El Salvador, Mexico reporto una baja de un 18% en las llamadas remesas que envian los mexicanos en dolares, que al igual que El Salvador, se ve afectada su economia, producto de la resecion y desaceleracion de las economias a nivel mundial, lo cual es un CICLO que sucede cada 50 anos dicen unos y otros dicen es cada 30 anos.


ROBERTO LOPEZ PORRAS -
El tema de la dolarización de la economia Salvadoreña en época de crisis es un tema abstracto, debido a que será una primera experiencia de la economía Salvadoreña. Similar problema enfrenta Ecuador y Panamá y anteriormente, sin crísis, lo enfrentó Argentina bajo móviles políticos. La política de atarse al dolar la han seguido parcialamente todos los países de la órbita del dolar ante la sobrevaluación del Euro, el Yen Japones, pero la dolarización seguida por El Salvador, Ecuador y Panamá, le trajo beneficios y ahora tambien le traerá costos. El análisis debe ser retrospectivo e integral, el esquema de Costos y Beneficios es util y percibo que habran más beneficios pasados y futuros que costos presentes. Nuestros países no estan preparados para enfrentar los costos de la dolarización en época de crisis, pero si han gozado los beneficios en la larga época de bonanza y El Salvador ha aprovechado económicamente dicho período, fortaleciendo su aparato productivo, su inserción en los mercados internacionales, su capitalizacion internacional y sus reservas para esta época. Sobre diez años o más de bonanza, de disciplina fiscal, monetaria y crediticia, tendrá ahora dos años de crisis, de ajustes y de experiencias. Ojalá que las nuevas autoridades Salvadoreñas sepán enfrentar esta crísis con visión de futuro. Las herramientas que los estrategas económicos usan en una economia dolarizada, son diferentes a los que usan los países No dolarizados oficialmente y estas herramientas no son diferentes a los que usan las economias europeas o Japón o incluso la China Continental que en forma directa o indirecta están altamente dolarizadas. Si en el periodo de bonanza es necesaria la disciplina fiscal, monetaria y crediticia, lo es más en una época de crísis y quizá sea menos doloroso el impacto de la crisis en El Salvador que en Guatemala. Será una evaluación post-crisis, por ahora navegamaos en la abstracción.

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